El viernes pasado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que hay mínimo cuatro alcaldes de la Región Metropolitana que cuentan con protección policial debido a amenazas provenientes del crimen organizado.
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, recibe esta protección desde 2017. En una entrevista para la primera edición de Radioanálisis, afirmó que la llamada “narco política” involucra comportamientos que no necesariamente constituyen delitos. «No es un delito tomarse una foto, hacer una parrilla, jugar al fútbol o incluso mantener una relación con un narcotraficante», explicó.
Además, la alcaldesa destacó que «lo que se ha denunciado en Lo Espejo no es un fenómeno aislado, se presenta en otras comunas y no podemos ignorarlo».
“Las relaciones peligrosas con narcotraficantes deberían ser reguladas, ya que actualmente no se consideran delitos ni son un obstáculo para postular a cargos de elección popular. Hoy en día, personas involucradas en el escándalo de San Ramón, que estaban bajo prisión domiciliaria, amenazaron y ahora son candidatos a alcalde. Lo peor sería que llegaran a ser elegidos, y en ese caso, creo que sería mejor cerrar la puerta desde afuera”, advirtió.
Para Pizarro, lo primordial en este momento es “separar los vínculos del narcotráfico de la política, utilizando siempre la vía legal”.
“Recordemos que Al Capone fue detenido por evasión fiscal, lo que es relevante aquí, ya que hay lavado de dinero y lavado de imagen. Estos delincuentes no habitan en nuestras comunidades, residen en lujosas mansiones fuera de ellas y el daño que ocasionan al recuperar territorio afecta a nuestra comuna, ya que contratan «soldados» para disputarse esos territorios”, afirmó.
En este contexto, la alcaldesa destacó la necesidad de regular el acceso a armas de fuego para evitar que caigan en manos de narcotraficantes.
“Estamos hablando de un poder de fuego que a menudo supera al de las fuerzas policiales. Hemos visto incautaciones de armamento dentro de nuestras comunidades, que provienen de Argentina y se carece de un control adecuado en su fiscalización. Por lo tanto, creo que es necesario establecer requisitos más estrictos o, en definitiva, prohibir la venta de municiones a delincuentes. Adquirir municiones es muy simple”, opinó.
Por otra parte, Pizarro criticó las “miles de leyes dirigidas a mejorar la seguridad que están estancadas”, incluyendo la ley contra funerales narco propuesta por el Gobierno.
“Ese proyecto de ley lleva tiempo paralizado, al igual que la restricción en la venta de municiones a delincuentes, que ni siquiera ha sido legislada. Entonces, ¿acaso eso no es urgente? Considero que es vital construir una cárcel, pero no estamos hablando de algo inmediato, sino de un proyecto que podría concretarse en tres años. Está bien que se debata, pero en este momento la ciudadanía necesita respuestas inmediatas, no incertidumbre”, concluyó.
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Con Información de radio.uchile.cl