El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó las amenazas recibidas por al menos “cuatro o cinco” alcaldes de la Región Metropolitana por parte de grupos criminales. Esto ocurrió después de que la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), comenzara a recibir protección policial debido a las intimidaciones que sufrió su equipo.
Según Monsalve, “la mayoría de los alcaldes que cuentan con medidas de protección han sido amenazados, y estas amenazas generalmente están relacionadas con las declaraciones que han realizado o las acciones que han tomado contra ciertos delincuentes o agrupaciones delictivas en sus áreas”, comentó en una entrevista con radio Cooperativa.
“Cuando hay una denuncia sobre una amenaza contra una autoridad, quien determina las medidas de protección no es el Gobierno, sino el Ministerio Público, es decir, un fiscal. Esto es relevante, ya que se había discutido recientemente sobre qué testigos protegidos o individuos con medidas de protección habían sido identificados”, explicó.
El subsecretario señaló que se comunicó con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para evaluar el fortalecimiento de las herramientas que posee el Ministerio Público para “implementar medidas de protección, tanto para autoridades como, principalmente, para víctimas y testigos”.
En este contexto, la autoridad del Ministerio del Interior detalló que el Gobierno y la Fiscalía Nacional están “trabajando juntos dentro del Gabinete Proseguridad, liderado por el Presidente de la República”, con el objetivo de crear “una propuesta conjunta entre el Ministerio Público y la Subsecretaría del Interior para fortalecer las capacidades de la Fiscalía en la implementación de medidas de protección. Esto es necesario por dos razones: los riesgos han aumentado y hay más testigos en casos relacionados con la persecución de organizaciones criminales”.
Por otro lado, Monsalve se refirió al operativo realizado en la toma “El Sueño de Todos” en la localidad de Puente Alto, donde se descubrió una vivienda de diez habitaciones equipada con piscina y jacuzzi. Durante la intervención, la policía incautó 7 mil dosis de droga valoradas en 28 millones de pesos, así como cuatro armas y un rifle.
El Juzgado de Garantía de Puente Alto dictó prisión preventiva para cinco individuos detenidos en este operativo, acusados de infringir la ley de armas y drogas.
“Esto pone de manifiesto que existen organizaciones que buscan cambiar la cultura del país, porque, ¿contra qué estamos luchando? Contra la violencia, que está fuertemente relacionada con la posesión de armas, y esta organización contaba con armamento y tráfico de drogas”, lamentó.
La autoridad enfatizó que “la desarticulación de organizaciones criminales no se logra a través de un control preventivo, sino mediante investigaciones, técnicas especiales, agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas, vigilancia y seguimiento. Cuando la gente observa en la televisión que Fuerzas Especiales ingresan a ciertos domicilios, ese es el resultado final de un proceso que ha tomado meses”, indicó.
En este sentido, el subsecretario también habló sobre el levantamiento del secreto bancario, una medida destinada a facilitar la lucha contra el crimen organizado. Al respecto, afirmó que: “La acusación de que levantar el secreto bancario podría ser usado para perseguir opositores políticos es completamente falsa. Es una total mentira que se difunde para obstaculizar que el Estado cuente con herramientas para combatir el dinero ilícito”.
De este modo, Monsalve resaltó que “detrás de la violencia hay armas; detrás de esa violencia hay una organización delictiva y, sobre todo, un negocio que genera ganancias. Si no se lucrara con ello, no tendría ni armas ni violencia”.
Con Información de radio.uchile.cl