El Ministerio de Seguridad Pública se ha consolidado, a pesar de las objeciones planteadas por los gobernadores esta semana en La Moneda. La nueva estructura institucional relacionada con la seguridad y su representación a nivel territorial a través de un secretario regional ministerial (Seremi), quien estará a cargo de las fuerzas policiales y dependerá de los delegados presidenciales, no logró convencer a las principales autoridades regionales, quienes advirtieron que este proyecto perjudica la descentralización.
El descontento, vinculado a las decisiones del Ejecutivo en esta área, surgió tras la decisión de mantener a los delegados presidenciales, pese a que se trataba de un compromiso de campaña del entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, a fin de otorgar mayores poderes a las gobernaciones, que actualmente solo tienen funciones administrativas. La designación del seremi como una especie de sheriff resultó ser el colmo.
En una entrevista con La Tercera, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, expresó que la propuesta gubernamental que establece el nuevo ministerio “no confiere ninguna función significativa a los gobiernos regionales, no genera mecanismos de coordinación ni de colaboración multinivel”. En este sentido, acusó que “se menosprecia el trabajo de los gobiernos regionales”.
“Estamos pasando de tener una autoridad designada, un delegado regional presidencial, a contar con dos autoridades designadas (…) además de nosotros, que somos la autoridad electa”, criticó.
Más adelante, el gobernador de la Quinta Región subrayó que desde las gobernaciones se han realizado aportes “sustanciales” en términos de equipamiento e infraestructura policial. “En colaboración con los gobiernos regionales, durante los tres años y tres meses de nuestra primera gestión, hemos invertido más de 700 mil millones de pesos en seguridad“, afirmó.
Durante la reunión sostenida el miércoles con el Ministerio del Interior, el gobernador de O’Higgins, Pablo Silva, comentó que: “Contamos con un respaldo extraordinario de votos, y creemos que es fundamental establecer al menos una coordinación entre el ministerio y los gobiernos regionales. Ha existido una falta de comunicación, no hemos dialogado con el Gobierno acerca de este proyecto y nos parece mínimo que se consulte a las autoridades elegidas en cada región“.
Desde el Gobierno, sin embargo, se distancian de estas opiniones. A pesar de reconocer que aún faltan definiciones en términos de descentralización a nivel nacional, en relación con políticas públicas que pueden implementarse más eficazmente a nivel regional que desde el central, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reiteró que “la postura de nuestro Gobierno es que la seguridad pública no es un tema que deba descentralizarse“.
“En los países de nuestra región donde la seguridad se maneja de forma descentralizada, los resultados son peores. Esto conlleva un mayor riesgo, una mayor vulnerabilidad ante la corrupción, y genera inequidades y clientelismo, lo que no es una respuesta adecuada a esta problemática. En cambio, sí es positivo que los gobiernos regionales colaboren en la prevención del delito”, enfatizó.
El diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, subrayó que se debe “entender que la seguridad debe supervisarse, vigilarse y controlarse de manera centralizada desde el gobierno central, a través de un Ministerio de Seguridad, por lo que descarto completamente cualquier posibilidad de que los gobiernos regionales o los alcaldes tomen decisiones en materia de seguridad“.
“Aunque esta idea pueda ser popular, ha demostrado ser ineficiente en los lugares donde se ha implementado. Por lo general, todos los países federales cuentan con sistemas centralizados de seguridad”, concluyó.
Con Información de radio.uchile.cl