Este viernes, el ministro del Interior en funciones, Luis Cordero, junto al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, firmaron un protocolo destinado a agilizar los procedimientos administrativos de expulsión.
Este documento busca optimizar estos procesos, facilitando la localización de personas con órdenes de expulsión vigentes y priorizando la expulsión de extranjeros con antecedentes penales o policiales.
El protocolo establece plazos específicos y asigna responsabilidades a las instituciones involucradas. Entre los acuerdos más destacados se encuentran la estandarización de información y el mejoramiento de la coordinación entre las distintas entidades, así como la priorización de expulsiones basadas en políticas estratégicas, como la implementación de criterios de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.
En una declaración, el ministro (s) del Interior, Luis Cordero, subrayó que “este protocolo se ha venido trabajando desde hace un tiempo, y su razón fundamental es lograr mayor eficacia en el Estado. Hay un elemento común en las políticas de seguridad que se han implementado en los últimos años en Chile: el trabajo integrado de las instituciones es lo que genera una mayor eficiencia. Tener un protocolo es una forma de formalizar los trabajos institucionales ordenados, ya que es la única manera de lograr expulsiones efectivas”.
El ministro agregó que “lo que el país necesita es expulsar a las personas que representan un riesgo, esa es la prioridad. Significa identificar a esas personas, desarrollar procesos de búsqueda adecuados y llevar a cabo su expulsión. Es crucial expulsar a quienes generan peligro en el país, aquellos que tienen compromisos delictuales significativos y que están vinculados a organizaciones criminales. De no ser así, si solo se tratara de llevar a cabo expulsiones, sería relativamente fácil para la policía reunir a un grupo de personas, subirlas a un avión y expulsarlas. Lo que el país necesita es realizar expulsiones conforme a criterios priorizados en temas de seguridad; ese es el objetivo del protocolo”, enfatizó.
Respecto a un posible proceso de regularización migratoria, el ministro (s) explicó que “es fundamental establecer una clara distinción entre quienes desean formalizar su situación en el país, viviendo de acuerdo con la ley, y aquellos que han decidido no hacerlo y permanecer al margen de las normativas”.
En este contexto, el ministro Cordero afirmó que “el propósito central de evaluar el sistema de regularización está relacionado con la seguridad pública: saber quiénes son y dónde están, lo cual permite un mejor control. Todas las iniciativas comunicadas recientemente, como el acceso a tecnología para los controles policiales en referencia a la migración, la firma de este protocolo, la evaluación de antecedentes y el refuerzo del Plan Frontera Norte, están dirigidas a lograr un mejor control de la migración”.
Por su parte, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, comentó que “este documento básicamente facilita la coordinación entre las instituciones que participamos en este proceso administrativo de expulsión. Como señaló el ministro, el protocolo se ha desarrollado a través de un trabajo conjunto que buscamos optimizar y hacer más eficiente”.
Es importante mencionar que, al asumir este Gobierno en 2022, había 24 mil decretos de expulsión administrativa vigentes, cifra que en 2024 ha aumentado a 30 mil. Durante este año, se han llevado a cabo 662 expulsiones administrativas, la cifra más alta en los últimos seis años.
Con Información de radio.uchile.cl