El Gobierno ha decidido implementar un recorte de $7.064 millones al presupuesto del Ministerio Público, lo cual ha sido considerado como un despropósito y una amenaza institucional inminente por parte de algunos parlamentarios del Congreso Nacional.
Este ajuste en el presupuesto se realiza en medio de una crisis de inseguridad, en la que la fiscalía juega un papel crucial para enfrentar el aumento de la criminalidad, según los legisladores.
De acuerdo con El Mercurio, esta reducción de recursos es parte de un ajuste global de $544 mil millones que fue anunciado por el Ejecutivo, como resultado de un acuerdo alcanzado en el debate de la comisión mixta de Presupuestos, con la finalidad de alcanzar un consenso para aprobar las partidas del presupuesto fiscal para 2025.
El recorte en el presupuesto del Ministerio Público tendrá un impacto negativo en tres áreas fundamentales. En primer lugar, afectará la persecución del crimen organizado y los delitos de alta complejidad, debido a la imposibilidad de reemplazar fiscales y personal, ya que hay una reducción de recursos en la Partida 23, específicamente en el subtítulo 21.
Esta situación comprometerá la capacidad de investigación, afectará la cobertura de todas las salas de audiencia, generará retrasos en la tramitación de causas y debilitará la capacidad operativa en investigaciones estratégicas.
Además, la escasez de personal adecuado, potenciada por la reducción de recursos destinados a honorarios, limitará de manera significativa la atención a casos de gran impacto, según las advertencias realizadas.
En segundo lugar, en el ámbito tecnológico, el recorte en bienes y servicios de consumo, establecido en el subtítulo 22, obstaculizaría la implementación de herramientas críticas para combatir los nuevos fenómenos criminales.
Finalmente, se menciona la adquisición de activos no financieros en el subtítulo 29, lo que afecta la protección de los fiscales y, por ende, limita la capacidad de adquirir y mantener equipos vitales, como cámaras de vigilancia, chalecos antibalas y vehículos blindados, entre otros.
El diputado y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Longton (RN), ha anunciado que convocará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que explique este recorte. “Es un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado, en un momento crítico donde Chile enfrenta una ola de violencia sin precedentes”, destacó.
“El año pasado terminamos con un récord histórico de homicidios, con una delincuencia desbordada y una migración descontrolada que ha afectado la seguridad en nuestras ciudades. Y ahora, en vez de fortalecer las instituciones que luchan contra el crimen, el Gobierno opta por debilitarlas. Esto es inaceptable”, agregó Longton.
Finalmente, señaló que “esto deja a los fiscales y equipos especializados sin las herramientas necesarias para enfrentar a organizaciones criminales que operan con creciente sofisticación. Y es aún más grave que este recorte contradiga el compromiso asumido durante la discusión de la Ley de Presupuestos, donde se garantizó que no se afectarían las instituciones clave para la seguridad del país. Con este ajuste presupuestario, el Gobierno está quebrantando su compromiso y poniendo en peligro la lucha contra el crimen organizado. Además, se ha hecho sin consultar al Ministerio Público, lo que es una irresponsabilidad total”.
Con Información de radio.uchile.cl