El presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, firmó el martes 4 de febrero en el Palacio de La Moneda la nueva Ley Antiterrorista, que tiene como objetivo establecer una legislación moderna y efectiva contra el terrorismo.
De acuerdo con el Gobierno de Chile, esta nueva normativa, que reemplaza a la anterior ley antiterrorista considerada ineficaz y carente de legitimidad democrática, se basa en las mejores prácticas internacionales y toma en cuenta la experiencia del país.
La ley moderniza la persecución penal, mejora la definición del delito de terrorismo para facilitar su aplicación, introduce el delito de asociación terrorista, sanciona actos de terrorismo individual y tipifica el favorecimiento a la asociación terrorista en casos como extorsión, tráfico de drogas o armas.
Durante la ceremonia de promulgación, el presidente Boric destacó que “esta actualización de la Ley Antiterrorista es parte de un esfuerzo más amplio para dejar a Chile en mejores condiciones para enfrentar el crimen organizado, dotando al país de herramientas más efectivas para combatir el delito, con nuevas instituciones y fuerzas policiales mejor equipadas y protegidas”.
El mandatario subrayó que “el terrorismo no es solo un ataque a personas inocentes, sino una agresión a la libertad, a la democracia y a la convivencia pacífica. Por lo tanto, no será tolerado en Chile”.
Criterios y técnicas de investigación
La nueva definición del delito de terrorismo facilitará su aplicación, abordando el problema de dificultad para probar la existencia de una intención terrorista en la normativa anterior.
La ley establece criterios claros que definen como delito terrorista cualquier intento de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático, así como imponer decisiones a las autoridades y desmoralizar a la población civil.
Adicionalmente, se calificarán como delitos terroristas el uso de explosivos o artefactos incendiarios que puedan afectar a un gran número de personas, así como atentados contra autoridades del Estado que resulten en muertes o lesiones graves. También se introduce el delito de asociación terrorista (AT), que sanciona la pertenencia a una organización, independientemente de si esta comete delitos para los cuales fue creada.
Una de las ventajas de esta nueva legislación es que permitirá una persecución penal más eficaz y anticipada, habilitando técnicas especiales de investigación como el registro de equipos informáticos, la captación encubierta de imágenes y sonidos, así como la vigilancia de entregas y el uso de agentes encubiertos, incluyendo el uso de la técnica conocida como IMSI Catcher.
Una vez que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública esté operativo, tendrá la competencia para querellarse por estos delitos y la obligación de presentar al presidente una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, que también contemplará medidas de reparación para las víctimas.
Con Información de www.infodefensa.com