A partir de marzo, Carabineros estará autorizado para utilizar armas no letales, comúnmente conocidas como pistolas taser, gracias a la aprobación del Gobierno para un plan piloto en la Región Metropolitana, que en su fase inicial se enfocará exclusivamente en casos de violencia intrafamiliar. Estas pistolas disparan dos pinzas a una velocidad cercana a 175 km/h, enviando una descarga eléctrica de alto voltaje que incapacita a la persona en el plano neuromuscular.
La medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que temen una posible ampliación de su uso a otras situaciones de agresión contra miembros de la policía, sin considerar el uso de armas letales. Esta propuesta ya ha sido respaldada por el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y varios alcaldes.
Ante esta situación, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, afirmó que “vamos a evaluar; los pilotos sirven para estudiar situaciones y, en base a esos análisis, se tomarán otras decisiones”.
Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la necesidad de un período de prueba para un arma que ha sido comprobada y utilizada por las fuerzas policiales en Europa y Estados Unidos durante décadas. “Parece que hay una presión de un sector que se opone al uso de este tipo de equipos intermedios, específicamente del Frente Amplio y el PC; de lo contrario, no entiendo por qué tendríamos que hacer pruebas”, aseguró.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos y organismos internacionales como Amnistía Internacional han manifestado su preocupación sobre el potencial de mala utilización de las pistolas taser, especialmente en contacto directo, señalando que esto podría derivar en casos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Según Carlos Margotta, director de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, las pistolas taser “deben ser reguladas bajo el mismo criterio que se aplica al uso de armas de fuego, dada su capacidad de afectar la integridad física y mental de las personas”.
Margotta también enfatizó que “se están introduciendo en varios cuerpos policiales del mundo sin la debida consideración sobre su peligrosidad, con una regulación insuficiente y, sobre todo, sin mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas. Hay grupos que son más vulnerables ante estas armas, incluyendo menores, ancianos, personas con problemas cardíacos o que usan marcapasos, así como mujeres embarazadas”, añadió.
En este contexto, afirmó que “la Comisión, junto a otros organismos de derechos humanos, ha solicitado la prohibición del uso de armas de electrochoque en contacto directo, ya que conllevan un alto riesgo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Viviana Cáceres, coordinadora de investigación de Amnistía Internacional Chile, mencionó que en “ciertas situaciones el uso de tasers puede ser necesario“, como parte de la búsqueda de mejorar la actuación policial de Carabineros. Sin embargo, advirtió que “no se está considerando adecuadamente el hecho de que estas armas son intrínsecamente muy peligrosas. Están diseñadas para causar dolor”.
“No están destinadas para uso en situaciones cotidianas de la labor policial o para hacer cumplir órdenes. Su aplicación debe ser estrictamente en situaciones extraordinarias, de acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad”, indicó.
En detalle, Cáceres explicó que “su uso puede provocar pérdida de control muscular, y las caídas pueden resultar fatales. Es tan complejo que en Reino Unido, el manual indica que la persona incapacitada debe ser rápidamente controlada por el oficial de policía”.
Cáceres cuestionó que los lineamientos presentados por el Ejecutivo “se enfoquen en lesiones y no en situaciones donde esté en juego la vida”.
Finalmente, la coordinadora de investigación de Amnistía subrayó que “esta arma, debido a su complejidad y potencial daño, no debe usarse para el control de orden público. Debe limitarse a situaciones donde se identifique una necesidad operacional muy específica y en circunstancias extremas”.
“Estas armas pueden provocar lesiones por penetración de las púas, especialmente en personas de menor tamaño o delgadas, como niños, lo que puede llevar a daños internos. También hay riesgos de lesiones en áreas sensibles como la cabeza, el cuello, los ojos y la ingle. Se han reportado casos de lesiones oculares e impactos peligrosos en la cabeza”, añadió.
Además, enfatizó que “el funcionario policial enfrentándose a una situación no podrá prever las repercusiones sobre la persona afectada. No es simplemente un tema de capacitación donde se les diga a los Carabineros ‘esta es la manera de usarlas’, porque el policía no tendrá contexto sobre a quién enfrenta”.
“El tema de la rendición de cuentas y la responsabilidad también es crucial. ¿Quién asumirá la responsabilidad cuando empecemos a observar situaciones no deseadas relacionadas con el uso de tasers?”, finalizó.
Con Información de radio.uchile.cl