La Serena: La Fiscalía de Focos ha valorado la decisión de mantener la prisión preventiva en el caso de fraude al fisco
La Corte de Apelaciones de La Serena decidió hoy, miércoles 12 de febrero, rechazar el recurso de apelación presentado por las defensas y confirmó la prisión preventiva de los cuatro principales imputados en este caso.
La Fiscalía de Focos de la Fiscalía Regional de Coquimbo estimó positivamente la resolución del tribunal, que decidió mantener la cautelar para N.P.C.M. y B.O.G.G., ex funcionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, así como para C.A.M.F., esposo de N.P.C.M., y M.A.S.B., todos acusados por el Ministerio Público de asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos.
Los delitos habrían tenido lugar entre 2019 y 2024 en La Serena, y la formalización de la investigación se llevó a cabo en enero tras reunir evidencias.
La Primera Sala del tribunal de alzada, conformada por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Marcela Sandoval Durán y Carlos Jorquera Peñaloza, confirmó la decisión del Juzgado de Garantía de La Serena, argumentando que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad pública.
Además, el tribunal desestimó las alegaciones de las defensas que cuestionaban la condición de funcionarios públicos de N.P.C.M. y B.O.G.G.
El fiscal Carlos Vidal expresó que "hemos reafirmado nuestra postura y los antecedentes presentados ante el juez de garantía. Hoy se reiteraron los fundamentos expuestos, y el fallo ha sido favorable al comprobar que existen elementos del delito en cuestión y la participación de los imputados. La Corte ha subrayado el carácter del delito, al vulnerar servicios de salud que ofrece la corporación".
Resolución
La resolución indica que es fundamental considerar que se trata de una corporación municipal, cuya labor es garantizar el cumplimiento de funciones de salud en La Serena, lo que involucra recursos públicos destinados a sectores vulnerables. Se resalta también la gravedad de las penas asociadas a los delitos de lavado de activos y fraude al fisco, así como el hecho de haber actuado en grupo, lo que implica que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Asimismo, el tribunal desechó los argumentos presentados por las defensas de B.O.G.G., N.P.C.M. y C.A.M.F., quienes solicitaron considerar sus responsabilidades familiares. El tribunal argumentó que estas situaciones no pueden ser tomadas en cuenta al decidir sobre la medida cautelar, dado que los argumentos son insuficientes para mitigar la rigorosidad de la prisión preventiva.
Después de emitir el fallo, el ministro Felipe Pulgar Bravo explicó que la Corte identificó las características particulares de los delitos, señalando que los imputados formaron una asociación en la que contactaban a personas para emitir boletas de honorarios o entregaban sus claves para que los imputados generaran boletas fraudulentas por servicios no prestados, elaborando certificados que justificaban pagos. Este sistema de fraude afectaba a programas municipales vinculados a la salud y a personas vulnerables, incluidos ancianos y niños.
Se considera que la organización, dado su nivel de planificación y roles definidos, permite sostener una hipótesis de asociación ilícita y falsificación de documentos públicos. Por lo tanto, la Corte determinó que es necesario mantener a los imputados en prisión para garantizar la seguridad de la sociedad.
Según la Fiscalía, desde finales de 2019 hasta 2024, las imputadas N.P.C.M. y B.O.G.G., junto a C.A.M.F., se habrían organizado para defraudar sistemáticamente fondos públicos y lavar activos, defraudando al fisco por aproximadamente $762.778.091.
La organización habría reclutado a otros individuos para simular servicios que no se llevaban a cabo, facilitando la emisión de boletas fraudulentas a cambio de un pago. La estructura operativa implicó que las funcionarias administraban programas financiados con fondos públicos, autorizando pagos fraudulentos y utilizando claves de acceso a servicios fiscales para recibir los montos defraudados, los cuales luego eran transferidos, girados o entregados a los líderes de la organización.
Finalmente, el fiscal Vidal señaló que la investigación continuará en los próximos 100 días con nuevas declaraciones y audiencias.
Con Información de www.fiscaliadechile.cl