La pena de muerte y la posesión de armas para uso personal son temas recientes en el debate de los candidatos presidenciales de derecha, quienes abordan la principal inquietud de la ciudadanía chilena: la seguridad, que se encuentra entre las principales preocupaciones en las encuestas. Según el Centro de Estudios Públicos (CEP), el 57% de la población considera que el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en combatir la delincuencia.
En una línea similar, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) reveló que el 87,6% de los encuestados percibe un aumento en la delincuencia en el último año. A su vez, es evidente que la criminalidad ha evolucionado en el país, lo que requiere una atención seria por parte de las autoridades.
Por esta razón, diversos actores políticos han propuesto un amplio espectro de enfoques para implementar políticas de “mano dura” o medidas más represivas, estrategias que se asocian principalmente a la derecha, especialmente en el actual contexto electoral. Sin embargo, la gran interrogante es: ¿Es efectiva esta estrategia para combatir la delincuencia?
La respuesta es negativa. “No hay evidencias contundentes que demuestren que los gobiernos de derecha que aplican políticas de mano dura logran reducir la criminalidad. No se puede establecer tal relación basada en la experiencia internacional”, comentó Mauro Basaure, director del Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello e investigador principal del Núcleo Milenio CIRSPOL.
Mauro Basaure, Director de Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello e Investigador Principal del Núcleo Milenio CRISPOL
Sin embargo, según Basaure, este enfoque no debe ser completamente desestimado, dado que estas políticas estrictas resuenan con la ciudadanía. “Por un lado, debemos señalar que no hay evidencia fehaciente que confirme que la ‘mano dura’ de los gobiernos de derecha produzca mejores resultados en la disminución de la criminalidad. Por otro lado, es evidente que la población percibe que estas acciones pueden tener un impacto”, destacó.
Es importante señalar que el enfoque hacia la delincuencia no se limita a una única respuesta, sino que requiere un conjunto diverso de estrategias. Estas abarcan desde el uso de la fuerza hasta enfoques preventivos, y lo que las autoridades elijan priorizar dependerá de su entendimiento de la seguridad, según explicó Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC).
Según Mohor, la opinión pública presenta una desinformación importante en relación a este tema, ya que carece de conocimiento sobre alternativas más allá de la fuerza. De hecho, mencionó una contradicción: la gente critica la actuación de Carabineros, pero al mismo tiempo aboga por un aumento de su número. “Esto carece de lógica, pero es lo único que hemos sido educados para pensar”, puntualizó.
La experta argumenta que, en vez de “mirar a la calle” para acabar con la criminalidad organizada, como han declarado diversos sectores políticos, hay que atacar los problemas de raíz: corrupción y lavado de dinero, implementando una política pública efectiva contra el crimen organizado.
Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC)
A además de esto, agregó: “Es crucial trabajar en los territorios, garantizando derechos en salud y educación. Un estado social de derechos y estrategias focalizadas de prevención en las zonas más vulnerables es esencial para evitar que las personas entren o se consoliden en trayectorias delictivas”.
“La seguridad de las personas se ha convertido hoy en una herramienta política, ya que se traduce en votos. Desafortunadamente, es complicado llevar estas discusiones a un nivel amplio, dado que las alternativas no interesan”, concluyó la experta.
Mauro Basaure también ofrece una perspectiva sobre métodos complementarios para abordar la criminalidad. “No soy de los que sostiene que lo punitivo no es relevante; es esencial, pero no debe ser la única solución. Necesita ir de la mano con estrategias de prevención, especialmente con respecto a la reincidencia”, subrayó.
En consonancia con Mohor, Basaure afirmó que “la derecha tiene un discurso íntimamente relacionado con la seguridad, y por ende, el miedo se convierte en un aliado poderoso. Si la mayor parte de tu campaña se centra en la seguridad, entonces el temor de la población juega a tu favor”.
El ejemplo de Bukele
Daniel Soto Muñoz, doctor en Procesos e Instituciones Políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez, realiza un análisis internacional sobre la implementación de la “mano dura”, que no es exclusiva de regímenes de derecha, sino que se ha intensificado de diversas maneras.
“Estas estrategias han evolucionado. Se caracterizan por ser populistas y atractivas, pero en la práctica suponen un alto costo en la restricción de derechos y demuestran poca efectividad en la lucha contra el crimen más severo”, explicó.
Soto fundamentó su argumento con un informe presentado por la Relatora Especial sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que aborda el aumento de autoritarismos de varias corrientes políticas que normalizan la restricción de libertades fundamentales.
Un ejemplo crudo de “mano dura” es el caso de El Salvador bajo Nayib Bukele, que ha sobrepasado los límites internacionales en cuanto al respeto a los derechos humanos y las libertades individuales.
Daniel Soto Muñoz, Doctor en procesos e instituciones políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez
En diálogo con El Mercurio, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast declaró: “Conozco la realidad de países que estaban devastados, como El Salvador, por cuestiones de seguridad y cómo un presidente, con un equipo comprometido, recuperó la seguridad, la libertad y los derechos humanos de sus ciudadanos”.
De igual forma, en una entrevista con Radio Infinita, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, expresó que su candidato presidencial estaría dispuesto a “ser perseguido por organismos internacionales” con tal de “convertir a Chile en el país más seguro de América Latina”. Además, afirmó que están listos para restringir libertades con ese mismo objetivo.
Para Daniel Soto, quien también es un abogado especializado en políticas de seguridad, derechos humanos y ética corporativa, existe una creencia equivocada sobre la necesidad de restringir derechos para lograr un país más seguro.
“No puede haber una visión antagónica entre seguridad y derechos humanos, son dos conceptos que deben estar necesariamente alineados. No hay seguridad si las autoridades cometen delitos y violan derechos humanos (…) Afirmamos con certeza, desde un punto de vista teórico, que los derechos humanos y la seguridad están intrínsecamente conectados; es una incorrecta dicotomía pensar que para alcanzar la seguridad se necesita violar o restringir los derechos de las personas. Al contrario, creo que hay más seguridad cuando se refuerzan los principios democráticos”, concluyó el experto.
Con Información de radio.uchile.cl