Desde el 1 de abril, comenzó a funcionar el Ministerio de Seguridad Pública, que asume responsabilidades que antes pertenecían al Ministerio del Interior, como el control del orden público y la prevención del delito, centrándose especialmente en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
“No hay marcha blanca”, enfatizó el ex subsecretario del Interior y actual ministro Luis Cordero este martes, quien será el encargado del proceso de implementación. Desde temprano, este hito se conmemoró con la develación de la placa institucional de la nueva entidad, ubicada en Teatinos 220, cerca del Palacio de La Moneda, acto realizado por el secretario de Estado junto a los dos subsecretarios designados, Rafael Collado (Seguridad) y Carolina Leitao (Prevención del Delito). Posteriormente, Cordero se reunió con el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde.
Más tarde, el Ministro de Seguridad Pública visitó al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y luego al alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga, con el fin de coordinar el trabajo conjunto de las policías con la seguridad municipal.
Ministro Luis Cordero y alcalde Mario Desbordes. Foto: ATON.
Después de las reuniones, Cordero destacó que una de las motivaciones del Congreso para aprobar el proyecto fue desvincular la seguridad del Palacio de La Moneda: “Porque de otra manera, la seguridad, que debería ser una política pública permanente del Estado, independientemente de quién esté en el poder, puede verse afectada por la contingencia. Cuando la seguridad depende de La Moneda, la situación actual y, en consecuencia, la variable electoral, se convierten en temas extremadamente relevantes”.
“Una de las razones por las que se logró consenso en la creación del Ministerio de Seguridad tras tantos años es el acuerdo general sobre la necesidad de contar con políticas públicas que aborden no solo la persecución penal, sino también la prevención”, agregó.
En cuanto a las primeras solicitudes a su cartera, el alcalde de Santiago instó a Cordero a acelerar el trámite del proyecto de Seguridad Municipal, que destina más recursos para proteger a los funcionarios que desempeñan esta labor. “Le he solicitado al ministro, y también lo estoy tratando con la subsecretaria Leitao, que agilicemos al máximo este proyecto que ya lleva 2 años y medio en discusión. No es un proyecto que se esté debatiendo de manera apresurada, ya ha pasado por la Cámara de Diputados”, explicó.
“Por lo tanto, le hago un llamado a los senadores, especialmente a los que están ahora en la urgencia y luego a los diputados, a que logremos un buen proyecto de ley que establezca un marco legal efectivo que permita operar, que otorgue atribuciones y protección al personal de seguridad municipal. También debemos tramitar un proyecto que sea viable… La verdad es que tenemos personas en la calle expuestas a riesgos todos los días, que muchas veces llegan antes que la policía y que no cuentan con la protección que merecen”, afirmó.
Alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Foto: Aton.
Expectativas “realistas” para un ministerio sin una “ruta clara”
Acerca del impacto del nuevo ministerio, el director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de nuestra Universidad, Claudio Gonzáles, exhortó a tener expectativas moderadas sobre la operatividad de la entidad, dado que aún no está determinada la ruta para su organización.
“Un ministerio de este tipo, que actúa como un portaaviones, realmente grandioso con múltiples funciones, tomará tiempo en establecerse. No contamos con una guía o un plan claro para su instalación, sin embargo, la legislación le confiere una gran cantidad de funciones. Por ello, absorbe una gran variedad de actividades. En consecuencia, creo que a mediano o largo plazo, podría tener algún impacto. Siempre es bueno especializar las instituciones, pero un exceso y una mala implementación, que es lo que se teme, podría tener efectos adversos“, opinó.
Claudio González, director del CESC. Foto: ATON.
En el mismo sentido, afirmó que: “No está clara la ruta de instalación organizacional de la ley, faltarán muchos reglamentos, así como también legislación para hacer efectiva su aplicación. Además, existe otro organismo en el sistema con una gran influencia, como es el Ministerio Público, que, aunque tiene relación con este ministerio, funciona de forma autónoma. Por lo tanto, es fundamental preguntarse cómo se relacionarán y cómo se alinearán los objetivos en términos de seguridad pública”. El tercer desafío, que es el más relevante en el ámbito político y criminal actualmente, es la problemática de las cárceles, que no ha sido abordada adecuadamente en los últimos años.
Al respecto, González criticó la creación del seremi de seguridad, que se establecerá a partir de esta ley en las 16 regiones del país, lo que plantea interrogantes sobre si su función interferirá con la de los delegados presidenciales.
“La considero excesiva. Era una oportunidad para simplificar la gestión en esa área. No comprendo la lógica detrás de tener dos autoridades encargadas de la seguridad pública en una región, especialmente en regiones que tienen una población similar a la de una comuna, como algunas de Santiago, o en regiones con menos de 500 mil habitantes. Esto es lo que genera gran incertidumbre. No entiendo cómo piensan que funcionará esa relación”, concluyó.
Con Información de radio.uchile.cl