El Ministerio de Defensa de Venezuela publicó el domingo un comunicado firmado por su titular, el general en jefe (EB) Vladimir Padrino López, en el cual se denuncia una supuesta operación de «falsa bandera» que se estaría orquestando por Guyana en complicidad con Estados Unidos para atacar una plataforma petrolera operada por la compañía estadounidense ExxonMobil en una zona marítima pendiente de delimitación entre ambos países, en el contexto de un diferendo limítrofe que se remonta al siglo XIX.
A través de este comunicado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se declara «en estricto apego a la misión constitucionalmente asignada de proteger la integridad del territorio nacional, su soberanía e independencia; se mantiene atenta ante la denuncia formulada por la ciudadana Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sobre la nueva trama del imperialismo norteamericano, que pretende llevar a cabo una operación de ‘falsa bandera’ con el objetivo de atacar la plataforma de Exxon Mobil que opera en aguas pendientes de delimitación con la República Cooperativa de Guyana, generando confusión e iniciando una escalada de agresión contra nuestro país.»
Este pronunciamiento del Alto Mando Militar venezolano ocurre 24 horas después de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunciara en un evento público que se estaría preparando «una operación de falsa bandera para atacar la plataforma de ExxonMobil que opera en aguas en proceso de delimitación entre ambos países, con el fin de causar confusión e iniciar una escalada de agresión».
La vicepresidenta Rodríguez señala al actual secretario de Estado, Marco Rubio, como el responsable de este plan de ataque «falsa bandera», así como a un sector político venezolano y a Erik Prince, ex SEAL y director de Constellis Holdings, una empresa de seguridad privada con contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y con los Ministerios de Defensa e Interior de Ecuador y El Salvador.
Esta acusación por parte de Caracas surge una semana después de que el secretario de Estado Rubio visitara Georgetown, la capital de Guyana, reavivando las tensiones históricas que existen entre ambos países desde el inicio del gobierno del presidente guyanés Irfaan Ali. Durante su visita oficial, el Secretario declaró en una rueda de prensa conjunta que «sería un día muy malo para el régimen venezolano si atacara a Guyana o a ExxonMobil. Sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos, y no terminaría bien… Tenemos una Armada grande y puede llegar a casi cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana».
Este señalamiento del secretario de Estado Rubio se refiere a un incidente ocurrido a principios de marzo, cuando el patrullero oceánico Guaiquerí (PO-11) de la Armada de Venezuela navegó durante aproximadamente cuatro horas alrededor de una sección del Bloque Stabroek, donde opera la petrolera estadounidense ExxonMobil.
Amenaza regional o campaña de desinformación
Desde el inicio del gobierno del expresidente Hugo Chávez hace 26 años, Venezuela ha desarrollado una postura política antiestadounidense que ha llevado a la Casa Blanca a implementar vetos a la venta de armamento (2006) y sanciones económicas (2019 – 2025), con el objetivo de provocar un cambio político en el país sudamericano. Sin embargo, ante estas medidas restrictivas, Caracas se ha acercado a naciones como Rusia, China e Irán, consideradas por Washington y Bruselas como una amenaza en el escenario geopolítico mundial.
En la última década, varios altos funcionarios de la Alianza Atlántica han expresado su preocupación sobre el papel desestabilizador de Venezuela en la región del Caribe, como lo hizo la exministra de Defensa de Países Bajos, Kajsa Ollongren, quien afirmó: «No podemos ignorar el papel desestabilizador que puede jugar Rusia en la región, que tiene como objetivo expandir su influencia a nivel mundial (…). En la zona del Caribe, Rusia puede ejercer más influencia en las relaciones sobre Venezuela y su relación con los países vecinos, incluido el Reino (Países Bajos).»
Recientemente (25 de marzo), el gobernador de Bonaire, John Soliano, envió una carta a los ministros de Defensa (Ruben Brekelmans) y de Relaciones Exteriores (Caspar Veldkamp) para expresar su preocupación por «las posibles consecuencias del deterioro de la situación política y social en Venezuela, y los efectos que tendría sobre la isla«.
Además, durante su campaña de reelección y ahora como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha afirmado reiteradamente que el régimen venezolano lidera una red de pandillas conocida como «Tren de Aragua» (TDA), organización que el Departamento de Estado ha catalogado como organización terrorista internacional, y que, según la Casa Blanca, estaría «llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra Estados Unidos».
Sin embargo, en los últimos dos meses, medios como The New York Times y el Washington Post, así como la organización de investigación InSight Crime, que ha seguido de cerca a la pandilla durante años, han revelado que el TDA tiene una presencia limitada en Estados Unidos. Además, información filtrada por la Comunidad de Inteligencia estadounidense indica que no existen vínculos entre el Tren de Aragua y el gobierno de Nicolás Maduro, y que esta pandilla carece de una estructura de mando que le permita operar de la manera que han afirmado muchos gobiernos en el continente americano.
No obstante, fuentes de medios estadounidenses en los Departamentos de Defensa y de Estado están convencidas de que hay algún tipo de actividad criminal dentro del régimen venezolano, dado que ha habido ocasiones en las que grupos considerados criminales por varios gobiernos de la región han negociado pactos que beneficiaron a los intereses del gobierno de Maduro, relación que se ha caracterizado como antagónica y competitiva, como lo demuestra la redada militar en la prisión de Tocorón en 2023. (Bernardo de la Fuente)
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