22/04/2025
Coquimbo: El Fiscal Regional Patricio Cooper resalta el «golpe económico» a una organización dedicada a la comercialización ilegal de productos derivados del cobre
Las autoridades reconocieron el resultado de las acciones que llevaron a la prisión preventiva de 15 individuos tras cuatro días de audiencias.
El Fiscal Regional Patricio Cooper resaltó este impacto económico en la organización delictiva.
En una investigación que duró un año y medio, llevada a cabo por una fuerza de tarea del cobre, coordinada por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, junto con Aduanas y otros organismos, se logró desarticular una organización criminal que se dedicaba a la comercialización de materiales derivados del cobre.
Los operativos se realizaron en Calama, Coquimbo, Valparaíso y Santiago, involucrando a alrededor de veinte personas en distintos delitos.
«Se ha desmantelado una organización delictiva dedicada a la venta y exportación de cobre en nuestro país. La investigación comenzó con un delito de receptación en La Serena y luego llevó a la captura de acumuladores en Calama. Posteriormente, el cobre era transportado a Coquimbo y luego a fundiciones en Santiago, donde se procesaba para elaborar cables que eran exportados a India y Bélgica», explicó el Prefecto Inspector Ernesto León Bórquez, jefe de la región policial de Coquimbo.
El Fiscal Regional Patricio Cooper manifestó que en este caso «se evidencia la efectividad del trabajo de la Policía de Investigaciones y del sistema de análisis criminal y focos investigativos. No es habitual solicitar 15 prisiones preventivas y que todas sean concedidas. En ese sentido, como mencionamos anteriormente, hemos logrado asestar golpes económicos. Se han incautado 10 vehículos, más de 160 millones de pesos y otros bienes, lo que constituye una punta de lanza en la lucha contra los delitos relacionados con el cobre en la región», afirmó.
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía, a través del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, presentó diversos cargos en función de la implicación de los acusados en el caso.
El fiscal de focos, Nicolás Zolezzi, formuló cargos al principal implicado por su presunta participación en una asociación criminal, receptación, lavado de activos y delitos tributarios y aduaneros.
Asimismo, otros 14 individuos fueron formalizados por su supuesta participación en una asociación criminal, receptación y lavado de activos, mientras que 4 personas enfrentan imputaciones por receptación.
En lo que respecta a las medidas cautelares, el principal acusado fue puesto en prisión preventiva debido al riesgo que representa para la seguridad pública; otros 14 quedaron en prisión preventiva por riesgo de fuga, mientras que 3 recibieron arresto domiciliario nocturno.
Además, hay dos personas con órdenes de detención pendientes.
“El esfuerzo conjunto de Aduanas, la Fiscalía y la PDI tiene como finalidad avanzar en la erradicación del robo de cobre, abordando todas las aristas involucradas, como el intento de exportación ilegal de metal robado. Esta colaboración es esencial a nivel nacional y entre Aduanas compartimos información para combatir estos delitos que afectan la seguridad del país. También formamos parte de las mesas sobre crimen organizado lideradas por las delegaciones presidenciales, donde el robo de cobre se ha convertido en uno de los ejes priorizados”, declaró Pablo Zambrano, Director Regional de Aduanas.
El Delegado Presidencial Regional, Galo Luna Penna, enfatizó la importancia de este golpe a la organización delictiva ya que el robo de cables de cobre es un delito prioritario en la región. «Las instituciones que forman parte de este consejo decidimos clasificarlo como un delito significativo, debido a que el robo de cobre en sus diversas manifestaciones afecta gravemente a la población, interrumpiendo su comunicación y perjudicando la calidad de vida, especialmente en las áreas rurales», afirmó.
«Este delito no solo impacta a nuestra región; el trabajo ha sido interregional y colaborativo entre diversas instituciones, incluido el Ministerio Público y Aduanas, lo que nos permitió desarticular esta banda criminal de carácter internacional», añadió la Seremi (i) de Seguridad Pública, María José Rojas Erbetta.
En cuanto a la investigación, el Juzgado de Garantía otorgó un plazo de 90 días para completar las diligencias, como la recolección de información de celulares incautados.
Con Información de www.fiscaliadechile.cl