Este lunes, la Cámara de Diputados llevó a cabo la discusión y votación del controvertido proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en su tercer trámite legislativo. Este proyecto ha generado críticas tanto de parlamentarios oficialistas como de la oposición, aunque por razones completamente diferentes.
Desde el oficialismo, se cuestionó que las reglas deberían alinearse con la legislación internacional y el respeto a los derechos humanos, mientras que la oposición lo criticó por considerar que la propuesta era insuficiente, argumentando que se debían establecer mayores resguardos para las fuerzas policiales y militares.
La discusión estuvo precedida por la decisión del Gobierno de retirar la urgencia en la tramitación del proyecto tras una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se celebró el 6 de mayo y donde se recomendó rechazar las modificaciones que había introducido el Senado, con un voto en contra, 11 abstenciones y sin apoyos.
A pesar de lo anterior, ya existía un acuerdo entre los comités parlamentarios para discutir la iniciativa el 7 de mayo y votarla ese lunes. La decisión del Ejecutivo no tuvo impacto en los plazos de tramitación y solo generó críticas de la oposición.
En la votación, se rechazó la prohibición de prácticas de tortura, así como dos deberes establecidos en el texto: el relacionado con la protección de terceros y la salvaguarda de menores. También se rechazaron disposiciones sobre vigilancia pasiva, el grado de fuerza potencialmente letal, una norma sobre detenciones y la responsabilidad de autoridades militares en el contexto de las RUF, además de la exención de responsabilidad para policías en servicio.
Todo lo anterior formará parte de la discusión en la comisión mixta que está compuesta por cinco representantes de cada Cámara.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó tras la votación que es necesario tener “un poquito de autocrítica. La oposición impulsó el rechazo de las RUF, particularmente en lo que respecta a las Fuerzas Armadas. De hecho, todas las normas relacionadas con el uso de la fuerza para los militares fueron enviadas a la comisión mixta”.
Cordero indicó que algunos parlamentarios han tendido a “forzar una diferencia”. Además, destacó que para el Ejecutivo “es importante considerar que hay un conjunto de normas que fueron rechazadas, lo que da como resultado que el proyecto carezca de una estructura coherente y armoniosa“.
Luis Cordero en Comisión de Seguridad. Sebastian Cisternas/Aton Chile.
“La pregunta realmente relevante es si existía voluntad para despachar las modificaciones aprobadas por el Senado tal cual. No hubo ningún discurso en el hemiciclo la semana pasada o en la actual, incluidos los de la oposición, que apoyara la aprobación íntegra de las modificaciones del Senado”, concluyó el secretario de Estado.
“La principal preocupación es que, al rechazar estas normas, se generan inconsistencias y será necesario un gran esfuerzo para lograr que se restablezca la coherencia en los textos relativos a las policías y Fuerzas Armadas”, enfatizó.
En una conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, lamentó el resultado de la votación y lo calificó de “preocupante”: “No solo porque se han dejado vacíos en cuanto a la proporcionalidad, sino que también se han eliminado normas que regulaban el uso de dispositivos no letales”.
Serrano consideró grave que la derecha votara en bloque “en contra de artículos como la prohibición de tortura y el deber de resguardo de niños y adolescentes. El proyecto, tal como llega a la comisión mixta, está aún más desregulado y tengo serias dudas de cómo avanzaremos en esta iniciativa, que difiere mucho del objetivo inicial del Ejecutivo, que era regular de manera efectiva el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden”.
Diputada Daniela Serrano. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile
Al ser consultada sobre un posible recurso al Tribunal Constitucional por parte de los parlamentarios del Partido Comunista, la diputada mencionó que “es una decisión que vamos a evaluar colectivamente, pero no solo deben considerar los reparos que tengamos”. En esta línea, Serrano instó al Gobierno: “El Ejecutivo tiene la responsabilidad en este asunto. No se puede eludir la responsabilidad del veto presidencial en normas que son preocupantes y que dañan el proyecto”.
El diputado de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal, explicó que la oposición respalda las modificaciones del Senado y que “rechazamos las propuestas de la izquierda, pero llevamos algunos puntos a la comisión mixta”.
Leal subrayó que buscan “perfeccionar el proyecto y adicionar algunas exenciones de responsabilidad penal que no estaban incluidas en el Código de Justicia Militar, y que esperamos incorporar en la mixta. Deseamos eliminar la responsabilidad civil de los policías durante su actuación y definir de mejor forma el uso de la fuerza potencialmente letal.”
Henry Leal durante la Sesion de la Camara de Diputados. Sebastian Cisternas/Aton Chile
Con respecto a los llamados a veto por parte de algunos parlamentarios oficialistas, Leal consideró que tal acción sería “una muy mala señal”. Agregó que “este proyecto ha sido arduo de llevar adelante y su objetivo es que las policías y las Fuerzas Armadas tengan reglas claras al ejercer acciones públicas”.
“A la izquierda no le gusta que hayamos cambiado el principio de proporcionalidad por el uso racional de la fuerza. No les agrada que hayamos rechazado la creación de reglas especiales para grupos de interés como minorías sexuales o pueblos originarios.”Lamento que la izquierda, principalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, adopten esta postura”, subrayó.
Leal advirtió que los legisladores del FA y el PC “no tienen base política en el Socialismo Democrático, que fue donde se apoyaron estas medidas. Espero que el Gobierno no vete esta ley, sería un error político. Nadie entendería esa decisión”.
Respecto a las críticas por rechazar la prohibición de la tortura, Leal aclaró que ese delito ya está tipificado en el Código Penal: “¿Por qué repetir una norma que ya existe en nuestra legislación? Es como reiterar algo que ya está vigente, lo mismo ocurre con los apremios ilegítimos”.
El debate del controversial proyecto de ley se reanudará en la comisión mixta, compuesta por Lorena Fries (FA), Lorena Pizarro (PC), Miguel Ángel Calisto (IND), Andrés Longton (RN) y Gustavo Benavente (UDI) en representación de la Cámara. La instancia también incluirá a los cinco senadores de la Comisión de Seguridad Pública: José Miguel Durana (UDI), Claudia Pascual (PC), Kenneth Pugh (IND-RN), Jaime Quintana (PPD) y Paulina Vodanovic (PS).
Con Información de radio.uchile.cl