El Ministerio Público ha solicitado a la Policía de Investigaciones (PDI) llevar a cabo diversas diligencias para esclarecer la situación de dos ciudadanos bolivianos que accedieron a una base de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en Tarapacá, tras hallarse un croquis en su posesión, lo cual generó sospechas de posible espionaje dentro del recinto.
Según informa Cooperativa, personal de la FACh detectó a los bolivianos en la base de la Iª Brigada Aérea, ubicada cerca de la reserva Pampa del Tamarugal, en la comuna de Pozo Almonte, el 11 de mayo. Al intentar controlarlos, los individuos lograron fugarse, pero fueron interceptados y detenidos posteriormente por Carabineros, quienes los entregaron a la PDI bajo instrucciones del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones.
Los dos detenidos fueron llevados a control de detención el lunes 12 de mayo en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte; sin embargo, el tribunal amplió su detención hasta el jueves 15 de mayo, luego de encontrar un croquis que podría haber sido elaborado por ellos o que ya poseían antes de entrar en el recinto militar.
Audiencia judicial
El abogado representante de la FACh, Carlos Yáñez, mencionó en la audiencia que «desde el punto de vista institucional, también se planteó en la primera audiencia la posible vulneración e infracción del Código de Justicia Militar en su artículo 254, en relación con el 252, número tres», que se refiere a actos de espionaje en tiempos de paz.
«Particularmente, dado que al ingresar de manera no autorizada al recinto militar, ellos generaron un croquis en el trayecto o llevaban uno elaborado previamente, lo que podría encajar dentro del tipo penal que mencioné», afirmó Yáñez.
No obstante, a pesar de la postura de la FACh, el Ministerio Público decidió formalizar a los individuos bajo el artículo 17 de la Ley de Control de Armas, que se refiere a la violación de diversas áreas consideradas recintos militares. Uno de ellos quedó en prisión preventiva por considerarse que su libertad representa un peligro para la sociedad, mientras que el otro tiene arresto domiciliario y debe firmar ante un cuartel de Carabineros en la localidad de La Tirana.
A pesar de la decisión preliminar del Ministerio Público, las investigaciones continúan para aclarar los hechos, incluyendo el análisis de los contenidos de los teléfonos móviles de los detenidos que lleva a cabo la Policía de Investigaciones de Chile.