El 22 de abril, el presidente del Gobierno presentó un plan para destinar 10.471 millones de euros al Ministerio de Defensa, con el objetivo de alcanzar este año el 2 % del PIB en esta área, compromiso adquirido en 2014 como integrantes de la OTAN.
Ese mismo día se aprobó un acuerdo para autorizar una transferencia de crédito al Ministerio de Industria y Turismo por un valor de 2.819,17 millones, con el propósito de financiar aportaciones reembolsables a empresas para proyectos vinculados a la defensa.
El llamado Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa y la Seguridad, que la SEDEF revisó recientemente, incluye 31 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM, anteriormente conocidos como Programas Especiales de Armamento o PEAs), sumándose a los 56 ya en marcha. El pasado 10, el Consejo de Ministros aprobó los primeros 15.635 millones para doce de estos 31 programas a ejecutar entre 2026 y 2037, aunque aún no sabemos cuáles son esos 12.
Sin embargo, las prisas no son buenas consejeras, y con la mitad del año avanzando, es difícil prever cómo se gestionará este aparente maná. Esta avalancha de recursos será complicado de administrar para el Ministerio, para las oficinas de programas (que existen y las que habrá que crear) e incluso para las empresas, que son los proveedores de equipos.
Los militares, expertos organizadores con experiencia en la escasez, especialmente desde la crisis de 2008 que impactó drásticamente en los presupuestos, saben priorizar sus necesidades y utilizar al máximo cada céntimo con planes bien estudiados respecto a las necesidades a cubrir y listas priorizadas de sistemas cuya adquisición es más o menos urgente.
El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, General de Ejército Amador Enseñat y Berea, expresó en las III jornadas de Defensa organizadas por El Debate que «nosotros tenemos problemas para adquirir. Antes teníamos qué comprar pero no teníamos dinero, y ahora que tenemos dinero no sabemos qué comprar, ya que la demanda es muy alta y la oferta es muy limitada».
Para el JEME, «hay algo que es aún peor que gestionar la escasez, que es gestionar la abundancia. Por eso, el compromiso de las Fuerzas Armadas es utilizar de la manera más rigurosa y eficiente los recursos que los españoles nos proporcionan».
Con lógica total, el General Enseñat señaló que «durante muchos años hemos contado con presupuestos de Defensa muy bajos, que han afectado la preparación, operatividad, material e infraestructuras de las Fuerzas Armadas», y añadió que «los incrementos de los últimos años han ayudado a mitigar, pero no lo suficiente».
Fragmentación de la industria
Recordando que el Ejército de Tierra opera una flota de 12.594 vehículos de ruedas, 1.125 vehículos de combate sobre ruedas, 1.673 vehículos de cadenas, 223 piezas de artillería de campaña, 210 lanzadores de artillería aérea y 108 helicópteros, además de radares, misiles, sistemas de comunicaciones, guerra electrónica, ciberseguridad, etc., lo cual requiere una gestión operativa compleja, el JEME destacó otro inconveniente: la fragmentación de la industria de sistemas terrestres, indicando que «tenemos muchas empresas terrestres compitiendo entre sí sin capacidad para optar a programas de mayor envergadura en España, Europa o en el extranjero».
Actualmente, hay nada menos que 87 Programas Especiales de Modernización en curso, de los cuales 56 ya están en marcha en distintas fases, la mayoría con proveedores seleccionados, principalmente de la industria nacional, y en algunos casos en colaboración con tecnólogos internacionales. Incluso, algunos de los nuevos 31 ya han sido firmados, como el nuevo buque de aprovisionamiento para la Armada.
Cabe recordar que el Ministerio de Defensa ha iniciado un Plan de Desconexión de la tecnología israelí, que podría impactar algunos de estos programas basados en tecnología israelí, como se ha discutido anteriormente. Las opciones también se limitarán si se opta por programas europeos SAFE que restringen el contenido tecnológico procedente de fuera de la Unión Europea al 35 por ciento.
Limitaciones como esta pueden ser preocupantes a medio y largo plazo, dado que los cuarteles generales analizan con antelación lo que el mercado ofrece al definir los Requisitos de Estado Mayor (REM) de cada programa.
Asimismo, la habitual fórmula de los acuerdos marcos facilitaría a las Fuerzas Armadas incrementar las cantidades de sistemas ya seleccionados y en fase de suministro, generalmente incluidas mediante modificaciones y ampliaciones, evitando el proceso de iniciar un programa desde cero.
Solo con los que actualmente están en marcha podría emplearse gran parte de los fondos en elementos imprescindibles, que abarcan desde equipamiento personal del soldado a optrónica, munición de diversos tipos, e incluso plataformas terrestres o efectores como lanzacohetes o misiles. (José Mª Navarro García)
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