El tema del levantamiento del secreto bancario ha vuelto a ser relevante tras el anuncio del Gobierno de incluirlo en el proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica. Esta información fue confirmada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien resaltó que esta medida es clave para la propuesta.
“Es crucial contar con un mecanismo ágil para levantar el secreto bancario en investigaciones de crimen organizado, que es el enfoque de esta iniciativa de inteligencia económica”, manifestó el secretario de Estado.
Sin embargo, hay cierto escepticismo entre los parlamentarios oficialistas sobre la posibilidad de que se apruebe, debido a la oposición que ya había rechazado esta medida en el Senado a principios de año. El profesor asociado de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM), Matías Garretón, subrayó que levantar el secreto bancario es un elemento esencial para facilitar la persecución del lavado de dinero.
Garretón describió el proceso para llevar a cabo el levantamiento, que comienza con un reporte de operación sospechosa que el banco envía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual luego elabora un informe y solicita aprobación a la Corte de Apelaciones. Este proceso puede prolongarse durante meses.
“Durante ese tiempo, pierdes la pista y los fondos se esfuman, permitiendo que el criminal oculte mejor su dinero”, comentó Garretón, quien también es investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) en una entrevista en la primera edición de Radioanálisis.
Los artículos que el Senado rechazó proponían “un mecanismo automático que permitiera a la UAF acceder sin demora a la cuenta, tan pronto como recibiera el reporte del banco. Dado que el reporte se refiere a una transacción específica, es necesario analizar el historial de la cuenta”, explicó el especialista en Criminología Urbana.
“Menciono que el principal garante siempre ha sido el banco y eso no cambiará con esta ley; lo que se buscaba era evitar la espera de tres o cuatro meses para obtener autorización de la Corte de Apelaciones. No tiene sentido tener que pasar por ese trámite, algo que no ocurre en otros países de la OCDE, salvo en Chile y Australia”, expuso.
Sobre las preocupaciones en torno a la privacidad, el experto afirmó: “Es un mito, un argumento malintencionado”.
En este contexto, Garretón identificó tres razones para oponerse a la propuesta: “Puede ser que seas un criminal buscando lavar dinero para ocultar ingresos ilícitos; un empresario que evade impuestos y quiere ocultarlo; o un político recibiendo financiamiento ilegal para su actividad. Estas son las únicas situaciones donde podría justificarse dicha oposición, y no afectan al 99% de los chilenos”.
“Hay una confluencia de intereses entre empresarios evasores, criminales organizados y políticos que financian sus actividades de manera irregular. Ninguno de ellos desea que se amplíen las posibilidades de investigar cuentas, ya que todos ocultan dinero de origen ilícito”, concluyó Garretón.
El investigador indicó que este tema ha sido excluido de al menos seis leyes. “La Ley Contra el Crimen Organizado pierde artículos para perseguir el lavado de dinero, cosa que no sucede en otros lugares del mundo. Siempre se posponía, argumentando que se necesitaba una ley específica. Lo cierto es que la ley especializada es la Ley de Inteligencia Económica, así que sería inaceptable que esta ley finalizara sin artículos que fortalezcan a la UAF”, argumentó.
Finalmente, apuntó a la falacia de los argumentos en contra del levantamiento del secreto bancario, que sostienen que el crimen organizado no utiliza bancos. La captura del brazo financiero del Tren de Aragua demuestra lo contrario: “Este caso evidencia que el crimen organizado no solo utiliza el sistema financiero, sino que también son expertos en manipularlo”.
Con Información de radio.uchile.cl