En el contexto de la disputa de competencias entre la Fiscalía de Tarapacá y la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en relación al caso de tráfico de drogas dentro de la institución, la FACh ha presentado información al Ministerio Público de manera incompleta. Además, en el Congreso se pone en duda la supuesta instrucción del Presidente Gabriel Boric a la FACh para facilitar dicha información.
El diputado Jorge Brito del Frente Amplio, quien forma parte de la Comisión de Defensa, destacó que la posible infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad ya había sido advertida por especialistas antes de que ocurriera.
“Al desplegar a los militares en áreas con alta criminalidad sin el control adecuado, se corre el riesgo de que el crimen organizado intente cooptar a esas fuerzas. Llevamos más de dos años con un despliegue excepcional en el norte que se ha vuelto permanente, y consideramos que es urgente establecer controles para asegurar que la fuerza no sea permeada por el crimen organizado”, declaró en la primera edición de Radioanálisis.
El parlamentario señaló que en el caso del Ejército, en el que siete funcionarios fueron arrestados por tráfico de drogas, “se traspasó a la Fiscalía civil desde el inicio”. En contraste, el caso de la Fuerza Aérea ha quedado bajo la jurisdicción de la justicia militar. “Para nosotros son cruciales tres aspectos: primero, establecer controles adecuados, y para ello tenemos un proyecto de ley que fortalece el Estado Mayor Conjunto, responsable de liderar y dirigir las fuerzas en sus despliegues. Segundo, los servicios de inteligencia deben llevar a cabo acciones concretas de contrainteligencia para hacer frente al crimen organizado”.
En tercer lugar, Brito enfatizó que “es imperativo realizar una reforma que aclare las competencias entre la justicia militar y la civil. Hemos visto discusiones en la prensa, pero desde 1990 los civiles somos quienes legislamos en el Congreso, no los militares. Tengo un proyecto de ley, aprobado con 99 votos a favor, que lleva dos años en el Senado a la espera de ser tramitado para excluir delitos comunes de la competencia militar”.
“Estos tres temas son esenciales para seguir confiando en un despliegue militar que contribuya a la seguridad y defensa de Chile, y evitar que, como ha sucedido en otros países de América Latina, la situación se complique con la intervención militar en el control del crimen organizado, especialmente en las fronteras donde ellos son los únicos presentes”, concluyó el diputado.
Respecto a la disputa sobre qué jurisdicción debe encargarse de la investigación, el legislador mencionó que “la ley actual establece que la competencia es de la justicia militar, aunque no esté de acuerdo. Yo considero que la justicia militar no ofrece garantías para el debido proceso, ya que opera con un sistema antiguo, donde las partes no conocen las diligencias realizadas”.
“A nuestro juicio, la justicia militar podría ser válida solo en situaciones muy específicas, pero no en los casos que estamos tratando. La solución pasa por un proyecto de ley, no por manifestaciones. Tengo un proyecto aprobado con 99 votos a favor en la Cámara, respaldado por figuras como Mario Desbordes y Guillermo Teillier, pero el Senado aún no lo tramita. Pedimos al gobierno que apoye esta iniciativa para que se excluyan de la justicia militar todos los delitos comunes, como fraude al fisco, falsificación de documentos, narcotráfico y tráfico de armas, los cuales deben ser tratados en la justicia civil que ofrece mayores garantías de debido proceso. Esta podría ser la oportunidad para concretar esta reforma”, afirmó Brito.
Además, apuntó que, mientras no se modifique la ley, es probable que el caso permanezca en la justicia militar, reiterando que este caso es “traición a la patria”, aunque está tipificado en el código de justicia militar. “Deseo que este caso sea abordado siempre por la justicia civil; en el siglo XXI no justificaría el uso de tribunales militares. Podríamos establecer una sala especializada en la justicia civil para asuntos militares, pero todo bajo el marco de la justicia civil que ofrece mayores garantías del debido proceso. Esta es la oportunidad para llevar a cabo la reforma que ha estado pendiente durante décadas”, aseguró.
“No hay suficiente experiencia en la justicia militar para ejecutar las diligencias necesarias y reunir las pruebas adecuadas para lograr condenas en los casos donde militares se vean involucrados en actividades del crimen organizado”, subrayó el diputado.
Con Información de radio.uchile.cl