El control de los avances científicos y técnicos ha pasado a ser una prioridad estratégica para los Estados. España, como integrante de la OTAN y signataria de varios tratados internacionales relacionados con la defensa, dispone de un marco legal específico destinado a proteger aquellas invenciones cuya divulgación pueda poner en riesgo la seguridad nacional. Este marco se establece mediante la figura de la patente secreta, regulada de manera exhaustiva en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, así como en su Reglamento de Ejecución (Real Decreto 316/2017).