El caso de tráfico de drogas en la Fuerza Aérea de Chile fue remitido al Juzgado de Garantía de Iquique, tras la declaración de incompetencia por parte de la justicia militar. Lucía Dammert, socióloga y académica de la Universidad de Santiago, aplaudió esta decisión, aunque expresó su preocupación por los plazos de respuesta involucrados.
“Me parece inadecuado que hayamos debatido tanto tiempo sobre algo que parecía evidente (…) Especialmente porque lo que necesitamos es transparencia, aspecto en el que estoy convencida de que las autoridades de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) coinciden. Cualquier indicio de opacidad o protección solo servirá para socavar la confianza ciudadana en las FF.AA., generando desconfianza y sospecha, lo que es lo peor que puede suceder, ya que cuando la ciudadanía pierde la confianza, se complica todo”, declaró Dammert en una entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile.
“En este momento, lo que necesitamos es que la justicia actúe con claridad y rapidez, lo cual probablemente implicará no una discusión política sobre cambios en la ley, sino una propuesta ágil de políticas públicas para mejorar el control de los recursos financieros”, añadió.
Lucía Dammert, socióloga y académica de la Universidad de Santiago.
En relación a la penetración del crimen organizado en las FF.AA., Dammert afirmó: “El problema central es que la seguridad se ha politizado tanto que estamos atrapados en escándalos y soluciones superficiales en lugar de abordar los problemas estructurales que alimentan los mercados ilegales a nivel mundial”.
“Además, hemos caído en la trampa de creer que cambiar leyes soluciona rápidamente las realidades, algo que no sucede. Hemos olvidado la importancia de políticas públicas que efectivamente enfrentan estos fenómenos”, añadió.
Dammert también destacó la necesidad de una justicia que evidencie la gravedad del problema, que sancione a quienes abusan de su cargo como servidores públicos y que reconozca la necesidad de más controles en áreas grises que podrían ser vulnerables a la corrupción.
“Parece que hemos perdido de vista el objetivo. Aunque el periodo electoral no es el mejor momento para debatir sobre seguridad, deberíamos poder salir de esta situación donde, cada vez que hay elecciones, no se puede abordar seriamente el tema por la proliferación de propuestas superficiales”, concluyó Dammert.
Militares del Ejército de Chile. Fotos: Patricio Banda/Aton Chile.
La socióloga enfatizó que, mientras las instituciones mantengan altos estándares de control, desde los ministerios hasta dentro de las propias entidades, evitaremos este tipo de escándalos, que afectan gravemente a las instituciones. Por supuesto, la política también tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas sólidas a la ciudadanía. Es comprensible que la gente sienta temor cuando percibe que nadie puede explicar la situación actual”.
En cuanto a la labor de las FF.AA., advirtió que no están preparadas para enfrentar el crimen organizado, en lo que se refiere al uso de la fuerza y los problemas relacionados, como la corrupción, las amenazas y extorsiones.
“En América Latina hemos aprendido que cada vez que se involucra a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, aumenta la corrupción”, alertó.
Ejército de Chile. Javier Torres/Aton Chile
Esto no indica que las instituciones sean corruptas, sino que no están capacitadas para estas funciones. “Las Fuerzas Armadas en Chile son más pequeñas de lo que la gente piensa. Cuando algunos políticos sugieren que las FF.AA. deberían encargarse de problemas como el cuidado del metro o de espacios públicos, no se dan cuenta de que la fuerza disponible no es suficiente. Si se decide enviarlas a la frontera, es crucial que se implementen rápidamente medidas de control, protección e investigación para prevenir situaciones indeseadas”.
“Creo que no debemos rechazar ideológicamente la participación militar en ciertos contextos, pero debemos asegurar que eso se haga con un aumento en los mecanismos de control, de lo contrario, estaremos perdidos y sería preferible no hacerlo”, concluyó.
Además, Dammert subrayó la necesidad de crear una institucionalidad con equipos especializados que mantengan su continuidad más allá de cada gobierno, con capacidad de control. “En el caso de la FACh, por ejemplo, es evidente que no se cumplieron las capacidades de control institucional o que estas ni siquiera estaban diseñadas, por lo que es vital reconocer que, más allá del crimen organizado transnacional, la amenaza del dinero sucio en el país es considerable, ya que puede corromper voluntades que, a menudo, no sienten que están participando en un aumento de la violencia. Todos debemos hacernos responsables de esto”.
Con Información de radio.uchile.cl