El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la situación de la liberación del sicario prófugo en el Senado este martes, mencionando la existencia de órdenes “contradictorias con horas de desfase”. Durante la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y de Seguridad Pública, se discutió el caso de Alberto Carlos Mejía Hernández.
También participaron el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna. Sin embargo, la ausencia del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, generó críticas entre los senadores.
El senador Iván Moreira expresó que “es reiterativo que autoridades de la Corte Suprema no participen” en las sesiones del Congreso, mientras que la senadora Paulina Vodanovic subrayó que la Corte no está actuando en cumplimiento de sus facultades al no asistir.
Gajardo abordó diversas inquietudes en relación con la liberación del sicario, enfatizando la responsabilidad de Gendarmería. “No caben defensas corporativas en este caso. Lo que se debe determinar son los orígenes de los errores”, dijo el ministro.
Presentación del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre el caso del sicario prófugo. Raul Zamora/Aton Chile
Defendió que la responsabilidad de Gendarmería al recibir una comunicación del Poder Judicial es primero asegurarse de que sea por el conducto regular y segundo validar que sea una orden con los medios de verificación correspondientes, es decir, que sea válida.
“Las comunicaciones del Poder Judicial a Gendarmería son al menos contradictorias. En un caso, una de ellas anula una resolución judicial”, señaló Gajardo.
Explicó que el 9 de julio, la persona ingresó a prisión preventiva por una comunicación del Poder Judicial. “Al día siguiente, en la misma causa, el tribunal ordena su libertad”, lo que debe ser investigado, añadió Gajardo durante una rueda de prensa.
Al respecto, el ministro propuso dos líneas de acción para mejorar los protocolos: revisar los procedimientos de comunicación para situaciones normales y establecer un procedimiento reforzado para casos de crimen organizado, que permita verificar los oficios enviados a Gendarmería.
Control fronterizo entre dudas
El ministro Luis Cordero abordó las preocupaciones sobre la protección fronteriza derivadas de este caso, en medio de preguntas sobre la facilidad para cruzarla.
Ministro de Seguridad, Luis Cordero, discute el control fronterizo. Raul Zamora/Aton Chile.
“La principal preocupación del Ejecutivo no solo se relaciona con el estado actual de la frontera, sino también con los efectos potenciales del corredor bioceánico”, declaró.
El ministro insistió en que se podría llegar a “cero migrantes irregulares”, pero aclaró que la “permeabilidad de la frontera es estructural” por otras razones, como el contrabando. “Es fundamental no pensar que la regulación de la frontera se soluciona solo con el control de la inmigración irregular”, concluyó Cordero.
Cuestionamientos por error de identidad
La sesión también indagó en la confusión sobre la identidad del sicario, inicialmente conocido como Osmar Ferrer. En este contexto, el fiscal Ángel Valencia explicó los hechos.
“El problema de identificación, aunque parezca extraño, muestra que el sistema funcionó. Las medidas implementadas en los últimos dos años para evitar estos problemas han surtido efecto. El problema es que la persona está en libertad”, señaló Valencia.
Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en la comisión sobre el sicario prófugo. Raul Zamora/Aton Chile.
Las autoridades aclararon que desde 2023 se toma un registro biométrico a los migrantes indocumentados al ser detenidos, en coordinación con el Ministerio Público, y que el Registro Civil ha asignado personal a los tribunales para este fin.
“Es el Registro Civil quien enrola a estas personas, que revisan si ya hay otros registros biométricos, y se les asigna un RUN provisional para este proceso”, explicó Gajardo. “Las solicitudes reflejan personas que ya habían ingresado previamente y que pueden ser verificadas a través de los registros del Registro Civil”, complementó.
En este caso específico, se indicó que el sujeto había sido detenido en 2022, pero no se había realizado el enrolamiento debido a que el sistema aún no estaba implementado. En su reciente detención sí se llevó a cabo este procedimiento, lo que permitió identificar su verdadera identidad tras el cruce de información.
Valencia añadió que desde 2023 se tiene más certeza de que las personas que ingresan a prisión preventiva o están condenadas son efectivamente quienes dicen ser.
Con Información de radio.uchile.cl