Casos notorios, como el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, y el del empresario Rodrigo Cantergiani, han destacado el creciente fenómeno de los secuestros. En los últimos años, se ha registrado un aumento notable en su número.
En este contexto, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con el coordinador del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, Ulda Figueroa, quien analizó la evolución de este delito en nuestro país y las medidas que podría tomar el Estado.
Figueroa, quien también es investigador del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal, afirmó que según datos de la Fiscalía, “efectivamente hay un aumento significativo en la cantidad de secuestros, subiendo de aproximadamente 400 a alrededor de 800 casos”, indicó.
Sin embargo, advirtió que “hay que analizar estos datos detenidamente, ya que agrupan distintos tipos de secuestros que son bastante diferentes entre sí”.
Ulda Figueroa, coordinador del Centro UC Justicia y Sociedad. Créditos: Universidad Católica.
“Este grupo abarca desde los casos que han preocupado a los medios y a la opinión pública, como los secuestros extorsivos, donde se retiene a una persona para pedir un rescate en dinero, hasta aquellas situaciones de secuestros en contextos de violencia intrafamiliar o conflictos interpersonales”, explicó.
De acuerdo con el abogado, los secuestros extorsivos, generalmente realizados por el crimen organizado, representan entre un 20 y un 25% de los secuestros en Chile. Este número ha aumentado en los últimos tres años, pasando de 40-45 casos hace un par de años a casi 120 en 2024”, afirmó.
“Aunque es preocupante que este fenómeno esté en aumento, la buena noticia, entre comillas, es que el número sigue siendo razonablemente manejable. Comparado con otros países de América Latina, aún no es una cifra alarmante, lo que significa que sigue siendo un fenómeno que puede ser controlado más eficazmente por parte del Estado”, evaluó.
Consultado sobre las medidas que las instituciones deben implementar para reducir los secuestros, Figueroa destacó el trabajo que realiza la Fiscalía con los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).
“Estos equipos operan de manera multidisciplinaria, no solo con fiscales y policías, sino también con analistas criminales y profesionales en atención a víctimas, siempre disponibles para responder rápida y eficazmente a las denuncias, y para realizar investigaciones sostenidas en el tiempo”, explicó.
Imagen referencial de los Equipos ECOH.
Figueroa enfatizó que este enfoque es crucial en el contexto del crimen organizado, y “los ECOH están comenzando a implementar una estrategia que probablemente aún no ha logrado afectar de manera significativa a estas organizaciones, pero que está avanzando en esa dirección. La próxima creación de la Fiscalía Supraterritorial también será fundamental para fortalecer estas capacidades”, añadió.
Asimismo, Figueroa mencionó que hay áreas en las que se puede mejorar, como en la prevención para evitar que niños y jóvenes se involucren con el crimen organizado.
El investigador subrayó que el crecimiento de las organizaciones delictivas ha coincidido con un aumento en la deserción escolar, especialmente después de la pandemia, creando un contexto propicio para que jóvenes fuera del sistema escolar se integren en estas agrupaciones.
“Por lo tanto, un área en la que el Estado podría seguir trabajando es en la detección y apoyo a estos jóvenes, identificando barrios y limitando el acceso de las organizaciones criminales a estas personas que luego se convierten en sus miembros”, agregó. A juicio de Figueroa, tomar estas medidas podría tener efectos inmediatos, no en 10 o 15 años.
Con Información de radio.uchile.cl