La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público ha entregado al Ministerio de Hacienda de Chile un total de 34 propuestas para optimizar el uso de los recursos, entre las cuales se incluye la recomendación de eliminar los incisos 1 y 2 del artículo 103 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Esta ley establece un aporte basal mínimo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa.
Dicha medida, sugerida por este organismo consultivo y técnico creado por el Ministerio de Hacienda con el fin de evaluar y proponer cambios estructurales que mejoren la eficiencia, sostenibilidad y transparencia del gasto público a largo plazo, permitiría un ahorro directo de 6.600 millones de pesos en el corto plazo.
La eliminación del aporte basal mínimo significaría que las Fuerzas Armadas perderían una fuente crucial de financiamiento para sus inversiones estratégicas. Este aporte, que hasta el momento debía calcularse como el promedio de los últimos seis años, aseguraba un piso mínimo anual que facilitaba la planificación de la renovación de equipamiento y otros proyectos.
Con la desaparición de esta obligación legal, las Fuerzas Armadas estarían sujetas a las decisiones anuales del Ejecutivo y del Congreso dentro de la Ley de Presupuestos, sin un marco normativo que garantice la continuidad de su financiamiento. Esto generaría una gran incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos futuros, especialmente en períodos de restricciones fiscales o de cambios en las prioridades del Gobierno vigente.
Esta circunstancia también afectaría la capacidad de las instituciones de defensa para llevar a cabo proyectos complejos que requieren compromisos financieros a largo plazo. La falta de una base estable de financiamiento limitaría la planificación a futuro, debilitaría la autonomía presupuestaria del sector y podría poner en riesgo el desarrollo de capacidades críticas para la Defensa Nacional.