Nada mina más rápido una candidatura que la percepción de ventaja indebida. En Atacama, donde el malestar ciudadano con la política convive con necesidades urgentes —vivienda, agua, salud, seguridad—, los límites entre gestión pública y campaña deben ser de acero inoxidable. Por eso los reportajes que exponen audios en los que el jefe de gabinete de la Municipalidad de Copiapó, Leonardo Jorquera, habría pedido apoyo electoral para la diputada Daniella Cicardini —mientras se discutían ayudas sociales— han encendido una luz roja en todo el mapa regional. No es un ruido más: es el tipo de señal que hipoteca una opción senatorial si no hay explicaciones convincentes, correctivos y garantías. https://www.facebook.com/teletrece+1
El fenómeno descrito por las investigaciones periodísticas —condicionar o vincular gestiones municipales al respaldo a una candidatura— es la definición de manual del clientelismo político. No es solo antiético; es corrosivo para la democracia local. Por un lado, despoja a las personas de su condición de sujetos de derecho y las transforma en “beneficiarios” cuyo acceso a soluciones podría depender de su lealtad. Por otro, desequilibra la competencia electoral al permitir que quien detenta palancas públicas se presente ante la ciudadanía como el canal privilegiado para “destrabar” lo que, en rigor, debería fluir con criterios técnicos y prioridades objetivas.
El caso es particularmente delicado por la intersección familiar y política: la diputada es hija del alcalde Maglio Cicardini. La sola coincidencia ya demanda cuidados extremos para evitar conflictos de interés. Si además un funcionario de confianza —el jefe de gabinete— aparece en audios vinculando gestiones con apoyo electoral, el escrutinio se vuelve implacable. La respuesta informada por la prensa —una anotación de demérito a Jorquera— luce insuficiente para despejar dudas y calmar a una ciudadanía que, por experiencia, sabe distinguir entre gestos cosméticos y asunción de responsabilidades. https://www.facebook.com/teletrece
La fragilidad de la candidatura de Daniella Cicardini se explica por tres fuerzas que actúan en paralelo:
- La narrativa pública: los audios son relatos potentes por sí mismos. Aunque posteriormente se discuta su contexto o legalidad, el daño comunicacional ocurre hoy. Lo que queda en la memoria colectiva es la idea de que se “piden votos” cuando se conversa de ayudas. En la batalla por el sentido común, eso pesa más que cualquier minuta.
- El estándar regional: Atacama ha pagado costos altísimos por decisiones públicas opacas o tardías. La gente de Vallenar, Huasco o Chañaral no necesita clases de cívica para entender la diferencia entre una gestión institucional y un favor político. La legitimidad —en esta región— se construye con transparencia y con el muro entre municipio y campaña bien levantado.
- La competencia electoral: rivales con olfato levantarán esta bandera. No necesitarán adjetivar; les bastará con citar los reportajes y preguntar si es correcto que una candidatura se vea beneficiada por operadores con credencial municipal. Es un flanco que, si no se cierra a tiempo, sangra hasta el día de la elección.
El daño, sin embargo, no es irreversible. Hay una hoja de ruta mínima —exigente— para recomponer confianzas: (a) condena explícita y sin ambigüedades a cualquier forma de clientelismo; (b) separación real de equipos: quienes trabajen en el municipio no pueden —ni en tiempo ni en recursos— realizar tareas de campaña; (c) auditoría independiente y pública de reuniones con organizaciones sociales; (d) compromiso de someter los hechos a revisión de los órganos competentes, colaborando con total transparencia. Nada de esto garantiza recuperarse políticamente, pero no hacerlo sí garantiza seguir perdiendo credibilidad.
Al mismo tiempo, el municipio debe asumir su propio estándar. Si el jefe de gabinete fue más allá de toda prudencia y legalidad, corresponde investigar, sancionar y prevenir. La figura del “operador municipal” que se mueve entre la gestión y la campaña es incompatible con la probidad que Atacama exige. La administración local no puede vivir en la ambigüedad: o sirve a toda la comunidad bajo criterios imparciales, o pierde autoridad moral para coordinar las soluciones que la región requiere.
Las organizaciones sociales también tienen una tarea. La autonomía es un bien precioso en Atacama, y se defiende con prácticas: actas públicas de reuniones, rechazo explícito a cualquier solicitud de apoyo político en instancias oficiales, y canales de denuncia seguros cuando alguien intente cobrar peaje electoral por una gestión. Ningún comité de vivienda debería sentir que su proyecto depende de apoyar a tal o cual candidatura; y si alguien lo sugiere, debe quedar registrado.
A la ciudadanía —de Copiapó a Alto del Carmen— le toca ejercer su poder más contundente: exigir cuentas hoy, antes de votar mañana. Preguntar, por ejemplo: ¿cómo garantizará la diputada Cicardini que su campaña se mantenga separada de la municipalidad? ¿Qué medidas adoptará para que ningún integrante de su entorno vuelva a confundir gestión social con propaganda? ¿Está dispuesta a firmar compromisos verificables, auditables, con plazos y responsables, de respeto estricto a la frontera público-campaña?
Vale insistir: no corresponde prejuzgar penalmente los hechos. Esa labor es de Fiscalía, Contraloría o el Tribunal competente, si se abren procesos. Pero en democracia, la responsabilidad política no espera sentencia: se ejerce proactivamente, con transparencia y con respeto a la inteligencia de la gente. Si la candidatura senatorial de Daniella Cicardini aspira a representar a toda Atacama, necesita demostrar que puede competir sin muletas del poder municipal, sin atajos, y con un respeto irrestricto a la igualdad de trato.
Lo ocurrido, además, deja una lección para cualquier autoridad en Atacama: la tentación de “amarrar” respaldos a punta de gestiones es pan para hoy y hambre para mañana. Puede rendir un beneficio puntual, pero a la larga destruye la reputación institucional y —como ahora vemos— deja a las candidaturas pendiendo de un hilo. Atacama no necesita “gestores de favores”; necesita representantes a la altura de sus desafíos hídricos, industriales, urbanos y sociales, capaces de rendir cuentas y de jugar limpio.
Cuando el municipio y la urna se confunden, pierde la comunidad. Y esta región se ha ganado el derecho a no perder más. La pelota, hoy, está en la cancha de la diputada, del alcalde y de la municipalidad. Si el compromiso con la probidad es real, lo sabremos por sus hechos. Atacama —que no se compra con promesas ni se vende por trámites— está mirando. Y recordará, al momento de votar, quién estuvo a la altura del estándar que la región merece. https://www.facebook.com/teletrece+1