Estados Unidos declara un “conflicto armado” contra los cárteles en el Caribe.

En un cambio significativo en la política exterior de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos está oficialmente en un ”conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga que operan en el Caribe. Una notificación confidencial enviada al Congreso y divulgada por el diario The New York Times clasifica a estos grupos como ”combatientes ilegales”, lo que habilita operaciones militares letales sin autorización del Congreso estadounidense.

Esta decisión se produce después de una serie de ataques militares en alta mar a pequeñas embarcaciones tipo patera (hasta ahora se han confirmado 3), supuestamente relacionadas con organizaciones de narcotraficantes, con al menos dos de ellas zarpando desde la costa de Venezuela, resultando en al menos 17 muertos en estas operaciones donde se han utilizado drones armados MQ-9A Reaper, justificados por el presidente Trump como actos de defensa nacional.

Implicaciones militares de una guerra contra los cárteles

El empleo de Fuerzas Armadas convencionales para combatir organizaciones criminales transnacionales representa un giro radical en la estrategia antidrogas de Estados Unidos en la región, donde estas operaciones han sido tradicionalmente lideradas por agencias federales como la Administración de Control de Drogas (DEA) o la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG).

Ahora, con la designación de grupos como el Tren de Aragua como organizaciones terroristas, el Departamento de Guerra ha desplegado un grupo de asalto anfibio con una Unidad Expedicionaria de Marines, un destacamento de buques con el sistema de combate Aegis, un submarino de ataque nuclear clase Los Ángeles y aviones de patrullaje marítimo P-8A Poseidon de la Armada, además de drones MQ-9A Reaper, aviones de transporte, reabastecimiento y guerra electrónica de la Fuerza Aérea, así como cazas Lockheed Martin F-35B Lightning II del VMFA-314 de los Marines, estos últimos operando desde Puerto Rico, para realizar posibles operaciones aéreas en la zona del Caribe, especialmente cerca de las costas de Venezuela contra presuntos centros de operaciones de narcotraficantes.

Las operaciones, coordinadas por el Comando Sur (SOUTHCOM), se concentran en la interdicción marítima, la vigilancia aérea y ataques precisos a embarcaciones sospechosas. Esto podría intensificarse tras la decisión del presidente Trump de tratar la campaña contra los cárteles como un conflicto armado, otorgándole poderes extraordinarios de guerra. Según el derecho internacional, esto permite matar, detener sin juicio y juzgar en tribunales militares a combatientes enemigos. La administración argumenta que estos ataques son «defensa propia» y se justifican bajo las leyes de la guerra al combatir a cárteles designados como terroristas.

Riesgos de escalada militar

El uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes conlleva serios riesgos de escalada:

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  Conflicto con Estados soberanos. Venezuela ha calificado los ataques como «crímenes atroces» y ha movilizado sus Fuerzas Armadas, además de llevar a cabo ejercicios militares para patrullar sus costas. El presidente Nicolás Maduro ha decretado estado de excepción que proporciona poderes especiales y ha movilizado milicias populares.
  
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  Errores de inteligencia. La falta de pruebas públicas sobre el transporte de drogas en las embarcaciones atacadas ha generado críticas de expertos legales y legisladores estadounidenses. El riesgo de atacar objetivos civiles por error podría desatar una crisis diplomática o incluso una guerra regional sin precedentes en la región.
  
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  Tensiones con aliados regionales. México y Colombia, aunque son aliados históricos de Estados Unidos en la lucha antidrogas, han expresado preocupación por la posibilidad de operaciones unilaterales en su territorio. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha demandado respeto a la soberanía nacional, al igual que su homólogo colombiano.
  
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  Desestabilización regional. La militarización del Caribe por parte de Estados Unidos podría provocar una carrera armamentista o alianzas defensivas entre países latinoamericanos con enemigos de Washington. En este sentido, Venezuela es un ejemplo, ya que en las últimas dos décadas ha recibido apoyo diplomático de Rusia, China, Cuba, Irán y otros Estados con los que la Casa Blanca tiene grandes diferencias, añadiendo una dimensión geopolítica al conflicto a una escala global.
  

¿Hacia una intervención terrestre?

Aunque el presidente Trump ha negado públicamente que Estados Unidos busque un cambio de régimen en Venezuela, ha insinuado que las operaciones podrían extenderse «por tierra» contra laboratorios clandestinos y líderes de cárteles, entre los que el Departamento de Estado ha vinculado a la élite política del partido gobernante. Esto ha generado temores de una intervención directa, similar a la última invasión estadounidense en Latinoamérica, la de Panamá el 20 de diciembre de 1989.

Los legisladores del partido Demócrata y algunos del partido Republicano han exigido que el presidente Trump solicite una autorización formal bajo la Ley de Poderes de Guerra. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han advertido que la escalada de los ataques podría violar el derecho internacional humanitario, especialmente si se llevan a cabo sin pruebas concluyentes o fuera de zonas de combate reconocidas.

Mientras tanto, en Caracas, el gobierno del presidente Maduro ha intensificado su retórica antiestadounidense y ha llamado a la población a «defender la patria con las armas». La posibilidad de un enfrentamiento directo entre fuerzas estadounidenses y venezolanas ya no parece remota. (Bernardo de la Fuente)