El Gobierno ha implementado la nueva Ley de Seguridad Privada, con el propósito de reformar profundamente el marco regulatorio de esta actividad. Con esta normativa, la Subsecretaría de Prevención del Delito asume exclusivamente la capacidad de regular y otorgar autorizaciones tanto a las empresas como al personal que opera en este sector.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha sido claro al indicar que no se otorgarán prórrogas: el plazo para adaptarse a la ley es de seis meses, y aquellos que no lo hagan deberán cumplir con lo estipulado.
Entre los requisitos principales, se incluye la certificación obligatoria para las empresas y para cada guardia o vigilante. La ley también requiere la elaboración de planes de seguridad adaptados a perfiles de riesgo específicos e impone nuevas obligaciones de denuncia, además de mejorar los estándares laborales con requisitos como seguros y la provisión de medios defensivos.
Para los eventos masivos que reúnan a más de 3 mil personas, se han establecido una serie de requisitos estrictos que los organizadores y los recintos deberán cumplir.
Funcionamiento de la nueva Ley de Seguridad Privada
- La Subsecretaría de Prevención del Delito será la encargada de autorizar a las empresas de seguridad privada y al personal que realice funciones en este ámbito. También determinará las entidades que deberán implementar medidas de seguridad, aprobará estudios y planes de seguridad, sancionará infracciones y gestionará el Registro de Seguridad Privada.
- Se actualizará la categorización de empresas en obligadas y no obligadas, agregando tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto. Las empresas clasificadas como de riesgo medio deberán contar con un estudio de seguridad aprobado, mientras que las de riesgo alto deberán establecer un Sistema de Vigilancia Privada integral, que incluya un organismo de seguridad interno con roles específicos y recursos tecnológicos y materiales.
- Se establecerán requisitos precisos para el personal de seguridad privada, quienes deberán acreditarse ante la Subsecretaría de Prevención del Delito y no ante Carabineros como se hacía anteriormente. Las categorías de las personas naturales incluirán:
Vigilantes privados: capacitados para afrontar situaciones de alto riesgo y autorizados a portar armas de fuego. Deben contar con elementos defensivos, cámaras corporales y un seguro de vida proporcionado por su empleador.
Guardias de seguridad: requerirán un chaleco anticorte como mínima medida de protección, además de un seguro de vida y, en caso de alto riesgo, una cámara corporal.
Jefes de seguridad: deberán poseer un título profesional y estarán a cargo de la organización de la seguridad privada.
Porteros, nocheros y rondines: necesitarán capacitación específica según el nivel de riesgo de sus funciones.
Capacitadores, asesores, técnicos, operadores de cámaras e instaladores técnicos: también deben ser autorizados por la Subsecretaría.
- Las empresas de seguridad privada deberán ser autorizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito y presentar informes bianuales que certifiquen que cuentan con los recursos adecuados en términos humanos, formativos, financieros, materiales y técnicos.
- Se establecerá un sistema basado en niveles de riesgo para regular tanto a las empresas como al personal del sector.
- Crear un nuevo marco regulatorio para eventos con más de 3 mil asistentes, donde los organizadores deberán presentar solicitudes a las delegaciones presidenciales regionales mediante una plataforma digital y diseñar un plan de seguridad conforme a los requisitos establecidos en el reglamento de la ley.
- Se definirán derechos y deberes tanto para asistentes como para organizadores, incluyendo un estatuto de responsabilidad que implique la obligatoriedad de contratar seguros contra daños a terceros.
- A partir de la entrada en vigor de la ley el 28 de noviembre, las entidades afectadas dispondrán de seis meses para presentar su primer estudio de seguridad. Asimismo, habrá un plazo de un año para establecer el Registro de Seguridad Privada y su plataforma operativa, y dos años para revisar a las entidades actualmente obligadas y determinar las medidas de seguridad requeridas según su nivel de riesgo.
Con Información de radio.uchile.cl