La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, con 82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, el proyecto que modifica la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, permitiendo a sus funcionarios portar armas de servicio de manera permanente.
En la actualidad, la ley restringe el porte de armas de servicio a situaciones oficiales y durante el horario laboral. Según los impulsores del proyecto, esto crea una laguna significativa en la protección de los funcionarios fuera de sus horas de trabajo.
De acuerdo con lo expresado por la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto estipula que Carabineros de Chile deberá proporcionar a cada uno de sus funcionarios un arma de cargo, la cual será de propiedad del Estado y se entregará para su tenencia y porte tanto dentro como fuera de las instalaciones de la institución.
Este armamento será de uso exclusivo e intransferible para cada miembro de la organización, quien será responsable de su cuidado y custodia. Las características de estas armas, los requisitos para su uso y los protocolos de manejo, custodia y eventual devolución serán regulados mediante un reglamento.
La propuesta fue devuelta a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados para su análisis particular, debido a la presentación de indicaciones.
Discusión en sala
Durante el debate, los diputados manifestaron que, ante los altos niveles de criminalidad, es imperativo adoptar medidas que eviten que los funcionarios policiales queden desarmados. El propósito es que estos puedan utilizar su arma durante todo el día, debido a la naturaleza específica de su labor.
En este contexto, subrayaron que el proyecto evita la militarización de los ciudadanos, ya que las armas permanecerán en manos de los policías y no en las de civiles. Además, destacaron que esta norma es coherente con la necesidad de fortalecer la institución mediante un aumento en la dotación policial.
La propuesta menciona que, si bien existen normativas internas en la institución que permiten el porte de armas de servicio en horario «de franco», es fundamental que dicha autorización esté respaldada por una norma de mayor jerarquía.
Esto busca proporcionar certeza jurídica sobre las acciones de los funcionarios a quienes el Estado designa explícitamente para ejercer el uso legítimo de la fuerza, como garantes del deber de mantener el orden y la seguridad de la comunidad en general.