El cambio de época en una sociedad moderna que mira hacia el futuro demanda un desarrollo digital estratégico que ofrezca al Estado una plataforma digital nacional. Esto permitirá una gestión pública y privada de manera integral, interoperable y cooperativa. En un Estado que comprende esta necesidad, todos sus procesos y decisiones deberían ser resultados digitales por defecto. Sin embargo, en Chile, este tema no ha sido parte del debate en las elecciones presidenciales actuales.
El cambio digital en los países bálticos, como Letonia, Lituania y Estonia, se materializa en la plataforma X-Road, que permite a instituciones públicas y privadas intercambiar datos de manera segura, estandarizada y auditable. Este proceso se desarrolló rápidamente en el contexto complejo tras la disolución del bloque soviético a finales del siglo XX y ha llegado a Finlandia, Islandia y gran parte de los países escandinavos. Este modelo de gestión digital ha desplazado el concepto restrictivo de seguridad militar, aún presente en las democracias occidentales.
El X-Road es considerado el “sistema nervioso” del Estado Digital en Estonia y representa un nuevo paradigma de gestión en una sociedad donde la aceleración digital, la computación cuántica y la Inteligencia Artificial son primordiales. Aunque esto podría dar pie al surgimiento de nuevos autoritarismos, es relevante destacar que las características políticas de cada Estado dependen del desarrollo de sus componentes democráticos y cómo se articula su moderno crecimiento.
La seguridad, vista como un componente esencial del emergente Estado Digital, alcanza un estatus de ciberseguridad estratégica, dado el tipo de intercambios involucrados. Además, más allá de la noción de infraestructuras críticas, que se quedan cortas para abordar la realidad de la seguridad digital, se requiere la ya mencionada plataforma digital nacional o el X-Road estonio, que facilita la comunicación entre sistemas manteniendo la independencia de cada organismo.
Esto garantiza la seguridad y trazabilidad porque establece un cifrado de extremo a extremo, permitiendo que cada consulta de datos sea auditable por el ciudadano. Cada institución es responsable de autenticar su identidad conforme a las normas, algo que, por ejemplo, no es posible garantizar en Chile entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El uso de X-Road también minimiza la duplicidad de bases de datos. En Estonia, el registro civil, sistema de salud, policía, municipalidades y bancos se interconectan a través de X-Road, permitiendo que un dato solo se ingrese una vez. Esta interconexión no es una realidad para las policías chilenas y Gendarmería, ni para el Registro Civil.
Además, es descentralizado, lo que elimina la necesidad de un servidor centralizado, permitiendo que cada institución conecte su propio sistema a través de un “servidor seguro” y utilizando un software de código abierto, lo que brinda flexibilidad y accesibilidad. En Chile, aunque la nueva ley permite esto, el progreso es lento y carece de normativas suficientes.
La transformación hacia un “estado digital” puede reducir la burocracia, automatizar trámites y mejorar la seguridad y calidad en el manejo de datos. Esto también ayuda a disminuir la corrupción al evitar intercambios ilegales de información, facilitando servicios digitales avanzados como salud, impuestos y justicia. En Estonia, más del 99% de los servicios públicos utilizan X-Road.
La experiencia demuestra que incluso naciones pequeñas pueden convertirse en potencias digitales al combinar visión estratégica, interoperabilidad y ciberseguridad. La transición hacia un Estado Digital exige una visión unificada que integre infraestructura, gobernanza, ciberseguridad y cultura digital. El éxito se logra cuando el Estado asume un rol articulador, establece estándares obligatorios y asegura la interoperabilidad entre instituciones.
Un componente clave es la identidad digital universal, que permite a cada ciudadano, empresa o funcionario acceder a servicios públicos de forma segura, así como un ecosistema de datos interoperables —X-Road o similar— que facilite el intercambio eficiente y auditable de información. Esto reduce la burocracia y aumenta la transparencia. Además, se requiere una ciberseguridad sólida, dependiente de plataformas tecnológicas resilientes y monitoreo continuo, sin excepciones institucionales a los niveles de seguridad. En Chile, los llamados organismos autónomos constitucionales, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, están excluidos de esta dependencia, lo que dificulta su avance hacia un Estado Digital.
Para que Chile implemente un sistema así, es necesario contar con una identidad digital más robusta, una ley que garantice la interoperabilidad y estándares homogéneos para todos los poderes del Estado y entidades gubernamentales.
La lección principal es la coherencia sistémica: no se trata solo de digitalizar trámites, sino de crear capacidades estructurales que permitan un gobierno integrado, proactivo y seguro, donde la confianza ciudadana se construye a través de la transparencia en el uso de datos, auditorías abiertas y un enfoque “digital por defecto, papel como excepción”.
Por último, es importante mencionar que no hemos abordado la ciberseguridad de ataque y ciberseguridad de borde, elementos clave en la operación de ciberseguridad, particularmente en aspectos preventivos.
Un informe de FortiGuard Labs, parte de Fortinet, indica que Chile enfrenta un aumento alarmante en los intentos de ciberataques, proyectándose de 6.000 millones en 2023 a 27.600 millones en 2024, empleando una creciente automatización e inteligencia artificial por parte de los cibercriminales, causando daños severos a ciudadanos y naciones. Esto resalta que las reacciones ante incidentes de ciberseguridad serán sólo parches si no se aborda de manera integral la creación de un Estado Digital sólido, tema que esperamos desarrollar en futuras reflexiones.
Con Información de elradar.cl