La iniciativa transforma el papel de las municipalidades, estableciendo principios y obligaciones para la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, además de definir, por primera vez, estándares, funciones y límites para los equipos comunitarios dedicados a la prevención.
A pesar de esto, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), expresa su inquietud: «La ley es un avance histórico, pero sin reglamento y recursos adecuados, podría convertirse en un marco simbólico mientras nuestros equipos continúan enfrentando la inseguridad con las mismas herramientas de siempre».
Entre los aspectos destacados de la ley se encuentra la introducción de nuevos instrumentos tecnológicos, como cámaras, drones, luminarias inteligentes y plataformas de análisis de datos. Aunque muchas municipalidades ya utilizan estas herramientas, carecen de un marco legal claro.
Las modificaciones también actualizan el funcionamiento de los consejos comunales e intercomunales de seguridad, ampliando sus atribuciones e incluyendo a nuevos actores, como la Seremi de Seguridad Pública. El objetivo es proporcionar a estos consejos más herramientas para coordinarse con Carabineros, PDI y organismos de emergencia.
Se establece una nueva figura legal para quienes realizan patrullajes a nivel comunal: el Inspector de Seguridad Municipal. Este puesto posee requisitos, funciones, prohibiciones y controles claramente definidos, permitiendo labores preventivas autónomas y funciones de apoyo a las fuerzas policiales, siempre bajo protocolos establecidos. Además, la ley obligará a dotar a estos inspectores de elementos de protección, como chalecos, cascos, bastones, esposas, gas pimienta o dispositivos eléctricos.
Asimismo, se crea el Comité Operativo de Seguridad, que estará liderado por el alcalde y compuesto por el director de Seguridad, Carabineros, PDI y el Ministerio Público. Esta instancia será responsable de definir estrategias preventivas y coordinar los patrullajes y prioridades a nivel comunal.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró la conclusión del proceso legislativo y subrayó que la ley “soluciona problemas administrativos significativos” para los alcaldes, quienes a menudo debían interpretar la normativa en situaciones de emergencia.
El Bola Wrap se presenta como una alternativa de gran potencial para el ámbito municipal, ya que no recurre a la aplicación de dolor para la retención de individuos.
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