Chile da inicio a un nuevo ciclo político con un mandato claro: satisfacer la demanda ciudadana de mayor seguridad y lograr resultados concretos a corto plazo. Con la elección del nuevo gobierno, el país entra en una etapa clave, donde las decisiones legislativas y estratégicas de los próximos cinco años serán fundamentales para llegar preparado al año 2030. Este horizonte no es distante; es una agenda urgente que determinará si el Estado podrá modernizar su respuesta ante emergencias, delitos y riesgos complejos.
La deliberación acerca del proyecto que establece un número único de emergencias, el futuro “911 chileno”, es un excelente ejemplo del tipo de reformas que Chile necesita impulsar con urgencia. Un país que opera con más de diez números de emergencia muestra una fragmentación; en cambio, un número unificado facilita la creación de un ecosistema más coordinado y eficiente. No obstante, el verdadero reto político que enfrenta el Ejecutivo no se limita a aprobar la ley, sino a garantizar la implementación de un sistema que emplee tecnología moderna, interoperabilidad y estándares que permitan a todas las instituciones —policías, salud, municipios, transporte y seguridad privada— trabajar de manera integrada.
Los próximos cinco años serán cruciales para este objetivo. La pregunta que el nuevo gobierno debe abordar no es solo qué leyes promover, sino cómo asegurar que la innovación tecnológica se convierta en una política de Estado y no en una serie de proyectos aislados. La experiencia global indica que los países que logran reducir tiempos de respuesta y fortalecer su capacidad operativa lo hacen mediante la integración de datos, comunicaciones, video, software y flujos de trabajo críticos en una única arquitectura. Esto es lo que permite que una llamada sea dirigida al centro adecuado según su ubicación exacta —similar a lo que hace NG911—, que un operador reciba video o imágenes en tiempo real, y que distintas agencias colaboren sin barreras técnicas.
Por otro lado, otras reformas ya implementadas anticipan este cambio. La Ley 21.659 de Seguridad Privada, que profesionaliza y moderniza un sector vital para la seguridad ciudadana, demuestra que el país avanza hacia estándares más altos, mayor transparencia y tecnologías que generen evidencia confiable y prácticas óptimas. Sin embargo, para que estas transformaciones sean efectivas, deben integrarse dentro de un sistema más amplio; de lo contrario, las islas tecnológicas seguirán perpetuando la fragmentación que se busca eliminar.
El contexto electoral deja una lección política clara: la ciudadanía demanda resultados rápidos, una coordinación real entre instituciones y un Estado que responda de manera más inteligente y menos improvisada. La seguridad no puede ser abordada desde la lógica del parche o la reacción tardía; requiere una planificación estratégica, infraestructura sólida, protocolos comunes y tecnologías interoperables. Innovar sin integrar es insuficiente, e integrar sin modernizar es inviable.
Chile dispone de una ventana de cinco años para realizar un avance cualitativo, no solo incremental. La agenda legislativa debe facilitar el intercambio de información crítica entre organismos, establecer estándares unificados para los sistemas de emergencia, regular el uso responsable de la inteligencia artificial en seguridad, potenciar las capacidades municipales y garantizar la interoperabilidad en todo el territorio.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de liderar esta modernización. No se trata solo de adoptar mejores herramientas, sino de construir un Estado más ágil, coordinado y preparado para proteger a su ciudadanía.
Si Chile desea llegar con firmeza al próximo decenio, es imperativo que comience ahora. El tiempo electoral ha terminado; el tiempo de la integración ha comenzado.
Autor: Giorgio Cuneo, Country Manager de Motorola Solutions Chile
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