El Ministerio de Defensa ha aprobado una nueva Política Militar y de Defensa que establece como ejes estratégicos el desarrollo de la construcción naval y el fortalecimiento de la industria militar nacional. Este cambio busca alinear las capacidades de las Fuerzas Armadas con una base industrial propia, respondiendo a la creciente complejidad del entorno regional en Latinoamérica.
La actualización doctrinaria, que recibió aprobación en noviembre y fue divulgada en diciembre, define directrices sobre funciones, operaciones y el modo de utilización de las Fuerzas Armadas. Incorpora explícitamente el impulso a la industria de defensa como un objetivo de política pública, lo que implica la consolidación de capacidades en construcción naval –donde la Armada de Chile ya tiene experiencia con unidades de superficie– y una visión integral de empresas estratégicas como FAMAE, ENAER y ASMAR.
Este cambio llega en un momento en que se proyecta un crecimiento sostenido en el gasto y adquisiciones del mercado de defensa latinoamericano hasta 2033, motivado por amenazas transnacionales, crimen organizado y tensiones interestatales específicas. Para Chile, depender de proveedores externos sin tener una base industrial sólida incrementa la vulnerabilidad ante embargos, cambios regulatorios y restricciones tecnológicas. La nueva Política reconoce esta realidad y propugna una lógica de autonomía relativa: no se busca producir todo, pero sí dominar nichos críticos como mantenimiento, modernizaciones, plataformas específicas y soluciones C2.
Desde el punto de vista geopolítico, la industria de defensa también actúa como herramienta de inserción internacional. Un Chile capaz de ofrecer servicios de mantenimiento, modernización de plataformas o incluso exportar sistemas específicos puede fortalecer su papel en esquemas de cooperación regional, desde UNASUR-Defensa (si se reinicia en otra forma) hasta acuerdos bilaterales con países vecinos o socios extra-regionales.
Los próximos pasos clave consistirán en cómo estos lineamientos se tradujan en presupuestos plurianuales, programas concretos y marcos normativos que ofrezcan previsibilidad a la inversión en defensa. El escenario probable es una implementación gradual, condicionada por restricciones fiscales, pero con oportunidades claras si se logra una buena coordinación entre las Fuerzas Armadas, la industria estatal y el sector privado. Para El Radar, el desafío será monitorear cada programa –especialmente en el ámbito naval– y evaluar si Chile consigue transformar efectivamente la doctrina en capacidades industriales reales.
Con Información de elradar.cl