El miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, ofreció un balance sobre la situación de la seguridad en el país. Johnson enfatizó que la realidad actual es “diferente” en comparación con inicios de año y hace tres años. Señaló importantes cambios institucionales, pero advirtió sobre la necesidad de abordar las causas profundas de la problemática.
En una conversación con la primera edición de Radionálisis, Johnson destacó que evaluar si el país ha mejorado o empeorado en seguridad resulta complicado, dado que “la seguridad es un tema multifacético con muchos factores”. Sin embargo, subrayó que “la situación es distinta a la de hace tres años y también a inicios de este año”.
Un cambio fundamental, en su opinión, reside en transformaciones institucionales que, aunque aún sean “invisibles”, son “extremadamente relevantes para enfrentar el problema”.
Entre estos avances, mencionó la creación del Ministerio de Seguridad, que debe desempeñar el papel de “rector del sistema”, junto a la aprobación de la Fiscalía Supraterritorial, destinada a investigar delitos complejos del crimen organizado que sobrepasan fronteras regionales. También mencionó la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil a nivel nacional y la reciente aprobación de la Ley de Seguridad municipal, un paso hacia el establecimiento de policías municipales, según explicó.
No obstante, Johnson criticó la perspectiva predominante en las políticas públicas nacionales. Advertió que, cuando se aborda la inseguridad solo como una “emergencia”, se implementan medidas urgentes que con el tiempo se desvanecen, ignorando iniciativas a mediano y largo plazo, que son las únicas sostenibles.
“La prevención y reinserción dejan de ser viables si solo se aborda el problema con una mirada de emergencia”, afirmó.
Según Johnson, la solución definitiva no está sólo en aumentar el control. “Si no atendemos el problema de raíz, si no abordamos las causas que generan la inseguridad, nunca tendremos suficiente control policial”, sostuvo.
En su diagnóstico, existe “un grupo de personas que son impulsadas por circunstancias a cometer delitos”. Si no se disminuye este grupo, cualquier medida de control será temporal: “En cuanto baje el control, esas personas motivadas a delinquir seguirán existiendo y volverán a actuar”.
De acuerdo al experto, se debe complementar el control con “medidas de prevención y prevención temprana” de forma contundente. Johnson propuso una estrategia focalizada, identificando desde la infancia a quienes presentan factores de riesgo, como la violencia intrafamiliar, la exclusión escolar o ser hijos de padres encarcelados.
“Centrando la atención en los niños que presentan estos factores de riesgo, son pocos en Chile. Sin embargo, la probabilidad de que se involucren en trayectorias problemáticas es extremadamente alta”, explicó. Proteger a este grupo específico generando factores protectores sería una intervención crucial.
Detención a un sospechoso en Viña del Mar. Raul Zamora/Aton Chile.
Asimismo, es esencial trabajar en la reinserción de quienes ya han delinquido. “Si no hacemos nada para que esa persona deje de delinquir, estaremos reproduciendo el problema, y esa persona volverá a delinquir al salir en libertad”, remarcó.
Así, Johnson esbozó un 2025 con avances en la estructura institucional, pero insistió en que la sostenibilidad en la seguridad requiere un cambio de enfoque: de la urgencia reactiva a la inversión estratégica para prevenir que las personas se sientan motivadas a delinquir.
“La criminalización general de la migración irregular sería poco eficiente”
Tras las declaraciones del presidente electo, José Antonio Kast, quien manifestó su intención de buscar un acuerdo con el Congreso Nacional para que la migración irregular sea tipificada como delito en sus primeros 90 días de gobierno, Johnson ofreció un análisis basado en datos. En este sentido, advirtió que una medida de tal envergadura sería “poco eficiente” si el objetivo real es combatir los delitos más graves.
Johnson reconoció que el aumento de la población migrante, que actualmente representa alrededor del 10% en Chile, genera inquietud, especialmente cuando se produce de manera desorganizada. No obstante, enfatizó que las cifras refutan la asociación automática entre migración y delincuencia.
“La tasa de delitos cometidos por chilenos es similar a la de los migrantes”, señaló, añadiendo que “los porcentajes de migrantes que delinquen son bajos, y aún menores son los migrantes que cometen delitos violentos”.
Situación migratoria en la frontera Chile-Perú. Patricio Banda/Aton Chile.
Según su diagnóstico, el problema no radica en la migración en sí, sino en “grupos muy reducidos” que introducen delitos desconocidos para la sociedad chilena, como el sicariato y las extorsiones, perpetrados por organizaciones criminales internacionales.
Ante esto, Johnson afirma que la respuesta debe ser específica: “Medidas más generales, como clasificar toda migración irregular como delito, no son efectivas. Para enfrentar los delitos más graves cometidos por ciertos grupos de migrantes, la persecución penal focalizada es mucho más eficaz”, afirmó, sugiriendo fortalecer al Ministerio Público como una herramienta más precisa.
Un dato revelador que proporcionó es sobre la victimización: los migrantes son, en muchas ocasiones, las principales víctimas del crimen organizado. “Por ejemplo, las tasas de homicidio entre migrantes en Chile son de aproximadamente 10 homicidios por cada 1000 habitantes, mientras que la tasa para chilenos es de alrededor de cinco homicidios por cada 1000 habitantes. Es decir, los migrantes son el doble de víctimas de homicidio que los chilenos”, detalló.
Así, Johnson argumentó que la estrategia debe ser específica y no generalizada. “No debemos asumir globalmente el problema de la migración, sino abordar directamente a aquellos migrantes que están cometiendo delitos en Chile, especialmente los más violentos, que son un porcentaje muy pequeño de la población migrante”, enfatizó.
De lo contrario, criminalizar una amplia población que no delinque desviaría recursos de la persecución penal adecuada que, a su juicio, es clave para combatir a las organizaciones que efectivamente generan inseguridad.
Con Información de radio.uchile.cl