Al cierre de 2025, Estados Unidos designó a 13 organizaciones criminales de Latinoamérica como grupos terroristas extranjeros, principalmente carteles mexicanos, pero también incluyó a grupos de Colombia, Ecuador, El Salvador y Venezuela, lo que eleva el conflicto con el crimen organizado a un nivel geopolítico evidente.
Durante el año, el Departamento de Estado realizó una serie de designaciones que abarcaron, entre otros, al Clan del Golfo en Colombia, a las bandas ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros, la pandilla salvadoreña Barrio 18 y el venezolano Cártel de los Soles. La mayoría de las organizaciones restantes pertenecen al ecosistema de carteles mexicanos que controlan rutas de tráfico de drogas, armas y personas en el corredor Mesoamericano.
La clasificación como «organización terrorista extranjera» permite a Washington congelar activos en su sistema financiero, perseguir redes de apoyo, utilizar herramientas de inteligencia financiera y fortalecer la cooperación con los países donde estas organizaciones operan. En práctica, esto desdibuja aún más la línea entre la lucha contra el narcotráfico y la agenda antiterrorista, permitiendo narrativas de «guerra irregular» que pueden justificar operaciones fuera de sus fronteras.
Para Chile, aunque ninguna de estas organizaciones tiene presencia física notable en su territorio, sí afectan el entorno estratégico: muchas rutas de exportación de cocaína hacia Asia-Pacífico y Europa utilizan puertos en la costa del Pacífico sudamericano, y los flujos de armas, dinero y personas atraviesan cadenas logísticas donde Chile actúa como país de tránsito, receptor de capitales ilícitos o mercado de consumo.
La decisión de EE. UU. aumenta la presión sobre los países de la región, incluido Chile, para que fortalezcan sus normativas sobre terrorismo, crimen organizado y financiamiento ilícito, así como para que alineen —o no— sus propias listas de organizaciones terroristas con la de Washington. En un contexto en el que el crimen organizado transnacional ya afecta la seguridad interna chilena, surge la pregunta de cuánto dependerá Santiago de la inteligencia estadounidense y qué tan dispuesto está a integrar su política de persecución criminal a una agenda definida en el Norte.
En 2026, se anticipa un aumento en las solicitudes de cooperación, el intercambio de información sensible y operaciones conjuntas de inteligencia financiera. Para Chile, el desafío será doble: fortalecer la capacidad para rastrear el dinero —no solo de la droga— y, al mismo tiempo, mantener márgenes de autonomía estratégica para no quedar atrapado en una lógica de «guerra global contra el narco-terrorismo» que no necesariamente se alinea con sus propias prioridades de seguridad interna y regional.
Con Información de elradar.cl