La infraestructura crítica se integra en la agenda de Defensa y se establece la ciberseguridad como una obligación operativa.

El 6 de enero de 2026, la Comisión de Defensa Nacional del Senado se reunió para discutir un proyecto de ley sobre la protección de infraestructura crítica. Simultáneamente, el marco regulatorio fortalece el papel del CSIRT del sector Defensa (CSIRT-DN) y su obligación de informar sobre incidentes. Esto es crucial, ya que indica un cambio de paradigma: la defensa moderna también se libra en redes, servicios y continuidad del Estado.

El debate legislativo refleja una tendencia regional que amplía el concepto de defensa más allá de lo militar tradicional hacia un enfoque de “sistemas país” que abarca energía, agua, telecomunicaciones, transporte y datos. La inclusión del proyecto de infraestructura crítica en la agenda de Defensa sugiere que el Estado busca definir claridades sobre responsabilidades, umbrales de activación y coordinación interagencial.

En el ámbito de la ciberdefensa, el Decreto en LeyChile establece que el CSIRT-DN debe informar a la Agencia sobre cualquier incidente o ciberataque que amenace su información, redes o sistemas. Esto va más allá de la burocracia: permite una trazabilidad efectiva, métricas, aprendizaje institucional y una respuesta coordinada.

Un aspecto crítico para Chile es evitar una “agenda declarativa”. La infraestructura crítica requiere: mapeo de dependencias, pruebas de estrés, ejercicios con el sector privado y, lo más importante, establecer reglas de intercambio de información entre operadores y el Estado que fomenten la transparencia, sin sanciones (ofreciendo incentivos adecuados). Esto también influye en la industria de defensa local: la creciente demanda por ciberseguridad, sensores, monitoreo y servicios gestionados puede transformarse en un motor de desarrollo si se implementa con estándares y procesos de compras públicas eficientes.

El siguiente paso probable es acelerar la tramitación y, al mismo tiempo, consolidar protocolos operativos (quién tiene la autoridad, quién comunica y quién se encarga de la restauración). Existen riesgos de superposición institucional y “zonas grises” en la responsabilidad ante crisis reales. El escenario plantea que Chile avanza hacia un modelo de seguridad nacional más integrado, donde las áreas de defensa, interior y reguladores sectoriales se unen bajo un marco común de resiliencia.

Con Información de elradar.cl

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