El presidente Javier Milei comenzó 2026 implementando un cambio estructural en el sistema de inteligencia argentino. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido a finales de 2025 y ya en vigor, el Gobierno modificó el Sistema de Inteligencia Nacional, fortaleciendo a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y otorgando a sus agentes facultades que anteriormente estaban prohibidas por la legislación democrática: la posibilidad de detener individuos sin orden judicial en ciertos contextos operativos.
Un rediseño significativo y centralizado
El decreto conserva a la Secretaría de Inteligencia de Estado como el núcleo del sistema, bajo el control directo del Ejecutivo, y establece nuevas áreas especializadas en contrainteligencia y ciberinteligencia. Argumentando la necesidad de “adaptar la inteligencia a las amenazas del siglo XXI”, la normativa califica la actividad como inherentemente encubierta y amplía la autonomía operativa de los agentes.
Aunque el texto establece que los organismos de inteligencia no deben realizar funciones policiales ni de investigación criminal, introduce una excepción crucial: en casos de delitos flagrantes o en el marco de actividades de inteligencia, los agentes pueden llevar a cabo aprehensiones sin autorización judicial previa. En la práctica, esta cláusula difumina la línea entre inteligencia estratégica y funciones policiales, un consenso fundamental que se construyó en Argentina tras el regreso a la democracia en 1983.
Inteligencia, Fuerzas Armadas y contrainteligencia “total”
La reforma también refuerza la conexión entre la inteligencia y el ámbito militar. La SIDE podrá solicitar apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad, mientras que la inteligencia militar ya no dependerá del Ministerio de Defensa y será reubicada dentro de la estructura militar. Este movimiento, junto con la reciente designación de un militar en el Ministerio de Defensa, intensifica la percepción de una re-militarización parcial del sistema de seguridad nacional.
Simultáneamente, el decreto impone responsabilidades de contrainteligencia a todo el sector público nacional. Altos funcionarios y jefaturas de organismos estatales tendrán que implementar medidas para prevenir infiltraciones, filtraciones de información, espionaje e “injerencias externas”. La amplitud de estas categorías y el carácter secreto de su aplicación generan un amplio margen de discrecionalidad administrativa.
Reacciones y críticas
Las críticas surgieron rápidamente desde diversos sectores jurídicos, políticos y sociales. El Centro de Estudios Legales y Sociales calificó la reforma como inconstitucional, advirtiendo que sienta las bases para una “policía secreta” con capacidad de vigilancia masiva. Constitucionalistas y líderes opositores coincidieron en señalar la falta de una situación de urgencia que justifique el uso de un DNU, denunciando un retroceso en las garantías individuales y el control parlamentario de la inteligencia.
Desde varios bloques opositores se demandó que cualquier modificación al sistema se discuta mediante una ley formal, con supervisión del Congreso y mecanismos claros de rendición de cuentas, recordando que la subordinación de la inteligencia al poder civil y judicial fue una de las lecciones más importantes aprendidas tras el pasado autoritario argentino.
Implicaciones para Chile
Para Chile, este cambio en Argentina trasciende lo doméstico. En primer lugar, tensa los estándares regionales en cuestiones de inteligencia democrática, derechos fundamentales y control civil, justo en un momento en que varios países debaten el papel de la inteligencia ante amenazas híbridas, crimen organizado y ciberseguridad. Un precedente que expande facultades sin contrapesos podría influir —directa o indirectamente— en los debates internos de Chile sobre inteligencia, seguridad interior y el uso excepcional de poderes ejecutivos.
En segundo lugar, el aumento de capacidades de contrainteligencia y la mayor colaboración entre inteligencia y Fuerzas Armadas en Argentina obligan a Chile a reforzar sus propios mecanismos de confianza mutua, intercambio de información y protección de datos sensibles en la cooperación bilateral. Finalmente, desde una perspectiva estratégica, la experiencia argentina servirá como un “caso testigo” regional: si estas medidas conducen a una mayor eficacia sin costos democráticos visibles, podrían ser replicadas; en cambio, si generan abusos o conflictos institucionales, intensificarán la necesidad de que Chile proteja con mayor rigor la separación entre inteligencia, policía y justicia, así como el control político del sector.
Con Información de elradar.cl