De acuerdo con la explicación proporcionada por el Ministerio de Defensa ecuatoriano, la suspensión temporal del proyecto de radares destinados a la detección de narcoavionetas se debe a retrasos en las obras de infraestructura necesarias para su adecuada implementación, basándose en criterios técnicos y de seguridad, y no a su cancelación. Esta suspensión se mantendrá hasta que se finalicen las obras civiles esenciales que garanticen la estabilidad y operatividad de los sensores. Una vez completada esta fase, se reactivará el proceso de instalación.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) otorgó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en noviembre de 2024 la ejecución de estas tareas. Un comandante de dicho Cuerpo señaló que, tras una revisión técnica del contrato 2023-D-001, se identificaron factores técnicos, meteorológicos y geotécnicos que afectan directamente la viabilidad de la instalación.
Entre los principales requisitos pendientes se encuentran la construcción de vías de acceso estables y bases técnicas de soporte, vitales para asegurar la integridad estructural. El informe técnico indica que las condiciones climáticas de la zona y las características del terreno impidieron finalizar las obras dentro de los plazos estipulados. Estas circunstancias se consideran fuerza mayor, ajenas a la planificación original del proyecto. Proseguir con la instalación del radar sin completar la infraestructura representaría riesgos tanto para el funcionamiento del sistema como para la seguridad de las áreas circundantes. Mauricio Salazar Machuca, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, explicó que durante el proceso emergieron factores de fuerza mayor que impidieron la continuación de las obras.
Este escenario obligó a firmar un contrato complementario que permita extender el tiempo de entrega de dicha infraestructura, garantizando así la instalación del radar en su momento apropiado, según Salazar. A pesar de que el Estado adquirió en 2023 un nuevo LTR-25 (Radar Táctico Largo Lanza) tridimensional por más de 24 millones de dólares a Indra, aún permanece almacenado en España. Según el contrato, el equipo debía estar operativo en diciembre de 2025, sin embargo, diez meses antes el Ministerio de Defensa ordenó la suspensión del proceso mediante la resolución N.º 16, argumentando que aún no se ha completado la infraestructura necesaria en los cerros Montecristi y San Isidro. Este radar debe reemplazar al que fue destruido con explosivos el 7 de noviembre de 2021 en el cerro de Montecristi (provincia de Manabí), dejando a Ecuador sin un sistema de vigilancia aérea de largo alcance en la costa del Pacífico.
Destrucción del radar de Montecristi
La FAE recibió 5 millones de dólares de una aseguradora por la explosión del radar. Ese ataque dejó a una de las zonas más frecuentadas por narcoavionetas sin cobertura aérea. La paralización ocurre en medio de la guerra declarada por el Gobierno contra el crimen organizado. El LTR-25 tiene un alcance de 445 km y permitiría vigilar el espacio aéreo de 7 provincias: Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, que son cruciales para el tráfico de drogas por vía aérea.
Tras la destrucción del radar, 9 miembros de la FAE fueron condenados a nueve años y tres meses de prisión por sabotaje en grado de omisión. En los últimos años, Ecuador se ha convertido en un punto clave para el tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica. En 2025, las fuerzas de seguridad incautaron 214,53 toneladas, de las cuales 135 fueron en operaciones marítimas, algunas de ellas realizadas con el apoyo de Estados Unidos.
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