El 19 de enero de 2026, Filipinas anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas (Malampaya East 1) próximo al Mar del Sur de China. Este hallazgo es crucial, ya que enlaza temas de seguridad energética, soberanía marítima y tensiones estratégicas con China en una zona en disputa.
En la región del Indo-Pacífico, la energía se traduce en poder: quien asegura sus suministros y disminuye su dependencia externa amplía su capacidad de maniobra. La relevancia del anuncio filipino radica en que se produce en un mar donde la exploración y explotación va más allá de lo económico, convirtiéndose en un mensaje político. En un contexto de reclamaciones superpuestas, cada avance técnico puede ser visto como un hecho consumado, incrementando así el riesgo de presión coercitiva (diplomática, marítima o regulatoria). Además, este descubrimiento actúa como un catalizador para formar alianzas. Cuando un Estado ribereño busca desarrollar recursos en una zona tensa, generalmente busca respaldo político-jurídico (derecho del mar, narrativa de ZEE) y, al mismo tiempo, apoyo en seguridad marítima (guardacostas, monitoreo, cooperación). El resultado a mediano plazo es una región en la que energía, cadenas de suministro y presencia naval se entrelazan cada vez más.
Para Chile, una potencia marítima por su geografía y comercio, la lección es clara: la seguridad económica se decide en el mar. Las disputas por recursos, la presión sobre las rutas y la creciente importancia de los guardacostas y la vigilancia marítima anticipan un mundo donde la “seguridad marítima” se convierte en un tema central. Esto tiene un impacto en tres aspectos para Chile: (1) protección de rutas y puertos (continuidad en las exportaciones), (2) diplomacia oceánica (posicionamiento en normas y cooperación), y (3) oportunidades en el ámbito industrial y tecnológico en vigilancia, sensores y ciberseguridad marítima. En resumen, la energía en áreas disputadas está promoviendo una militarización funcional del espacio marítimo, con efectos globales.
El escenario más probable es que Filipinas intente acelerar la explotación del yacimiento y transforme este hallazgo en una política de Estado, mientras gestiona el riesgo de coerción en el mar. Este riesgo implica incidentes marítimos, disputas regulatorias y presión sobre empresas y contratistas. Un escenario alternativo más favorable incluiría mecanismos de desescalada y marcos de cooperación energética, aunque esto es menos probable en el corto plazo si el conflicto de soberanía prevalece en la agenda.
Con Información de elradar.cl