Durante la semana del 26 al 28 de enero de 2026, la Cámara de Diputados considerará la solicitud del Presidente para extender el estado de excepción en La Araucanía, así como en las provincias de Arauco y Biobío. También se debate la continuación de la medida que permite a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de orden colaborar en el control migratorio y en la detección de delitos en las zonas fronterizas del norte. Esto es relevante, ya que consolida un enfoque de seguridad territorial «dual» (sur/norte) con una normalización política en el apoyo militar.
La señal estratégica no radica solo en la prórroga, sino en su continuidad como herramienta de gobernanza. El Ejecutivo solicita nuevamente el acuerdo del Congreso para extender las facultades excepcionales en el sur y la participación de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ha promovido una mayor coordinación interagencial en temas de fronteras, sugiriendo una tendencia a mediano plazo: integrar el control territorial, la migración y el crimen organizado en un marco operativo y político-administrativo común, distribuyendo responsabilidades entre el Ministerio del Interior/Security Pública y Defensa.
Desde la perspectiva de la defensa nacional, los costos y oportunidades se centran en la disponibilidad de recursos, el desgaste y las reglas de empleo. La continuidad de estas misiones en el interior ejerce presión sobre el entrenamiento y alistamiento, y exige fortalecer el mando y control, así como mejorar la inteligencia táctica y la logística en escenarios no convencionales. Respecto a la diplomacia, la situación fronteriza afecta la coordinación con países vecinos y la percepción regional sobre la «militarización» del control migratorio.
Lo más probable es que estas medidas se renueven de forma incremental, con la presión de estandarizar protocolos y métricas de efectividad (delitos, incautaciones, flujos migratorios, seguridad de infraestructuras críticas). Existen riesgos asociados, como el aumento de la dependencia política de instrumentos considerados excepcionales. Será responsabilidad del nuevo gobierno decidir si se continúa con el modelo actual o se plantea un escenario alternativo que permita migrar gradualmente hacia un marco legal permanente de apoyo militar limitado y auditable, reduciendo la excepcionalidad mientras se mantiene la capacidad.
Con Información de elradar.cl