El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado inversiones de 230 millones de dólares para la adquisición de equipo militar y tecnología destinada a combatir el crimen organizado y rastrear capitales ilícitos, abarcando no solo el narcotráfico, sino también posibles conexiones con la política. Durante la inauguración de la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas, enfatizó que no nos vamos a detener porque esta guerra no es solo contra un producto, sino contra un sistema. Además, indicó que continuará fortaleciendo y equipando a la policía y a las Fuerzas Armadas, resaltando la necesidad de inteligencia compartida, intercambio de información y un control riguroso de sustancias. En su discurso, señaló que mientras Ecuador lucha contra estos delitos en la frontera, otros países no muestran reciprocidad y no actúan con firmeza, refiriéndose a Colombia y a la disputa de aranceles por la falta de colaboración en la lucha contra el crimen organizado.
La semana pasada, el Gobierno ecuatoriano impuso aranceles del 30 por ciento a todos los productos colombianos, argumentando la falta de presencia del Estado en la frontera para combatir el narcotráfico y las bandas criminales. Colombia, que rechazó la acusación, reaccionó con medidas similares y anunció un plan de seguridad para este año que integra el control territorial con inteligencia y busca identificar flujos de dinero ilícito que, de acuerdo con organismos internacionales y el Gobierno, podrían estar afectando la administración pública y a actores políticos. La actividad de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, junto a la minería ilegal, secuestros y extorsiones, comenzó hace casi cinco años en Ecuador, lo que obligó a Noboa a declarar en enero de 2024 el estado de conflicto armado interno y a categorizar a 22 organizaciones como terroristas. Algunos de sus principales líderes han sido capturados.
Cifras récord de violencia
El año pasado se registró como el más violento en la historia de Ecuador, con más de 9.200 asesinatos. La inseguridad y la criminalidad han venido acechando al país desde hace cinco años, debido a la proliferación de bandas locales aliadas con cárteles transnacionales, las cuales utilizan puertos para el tránsito de drogas. Desde el 1 de enero, la provincia de Manabí se encuentra bajo estado de excepción, lo que facilita la acción conjunta de policías y militares.
El presidente explicó que la estrategia prioriza acciones coordinadas y sostenidas, distantes de medidas aisladas que habían limitado la respuesta del Estado durante años. En este sentido, afirmó que la respuesta estatal fusiona capacidades financieras, operativas y militares con un enfoque territorial y una firme decisión política. Detalló que la estrategia involucra la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, las agencias de Inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Compras previstas
El objetivo es recuperar el control de las calles mediante la exhibición de fuerza y el combate directo contra los patrocinadores políticos del crimen organizado. Reiteró que enfrentar al crimen organizado requiere recursos, planificación estratégica y una firmeza institucional constante. En este marco, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció que el plan de seguridad contará con una inversión de 180 millones de dólares para este año, lo que permitirá poner en marcha 11 proyectos estratégicos dirigidos a fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Las adquisiciones previstas incluyen siete helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósito y un sistema radar 3D, así como escáneres y UAV (Unmanned Aerial Vehicle) para potenciar las operaciones de vigilancia y control fronterizo. El Ministerio está modernizando los sistemas tácticos de inteligencia militar.
Este proceso permitirá anticipar riesgos, prevenir ataques y proteger infraestructuras estratégicas del país. Igualmente, se anunció un refuerzo de la movilidad operativa en aire, mar y tierra, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y fortalecer la presencia estatal en áreas críticas. En relación a la minería ilegal, el ministro aseguró que los operativos continuarían y se intensificarían. Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, destacó que el plan de seguridad incorpora tecnología avanzada, implementando sistemas IBIS y AFIS, que permiten identificar armas, municiones e identidades con precisión científica. Junto a los 180 millones del plan principal, el Estado destina 230 millones a la seguridad nacional, parte de los cuales se destinarán a mejorar la tecnología y la capacidad de respuesta.
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