La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados dio luz verde, de manera unánime, al proyecto que permite el uso de agentes encubiertos en línea para la persecución de delitos sexuales contra menores.
Un proyecto que emerge tras las pantallas
Iniciada por la diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano), la propuesta busca actualizar el Código Penal para que los fiscales puedan solicitar a un juez de garantía la inclusión de agentes encubiertos en investigaciones digitales ante sospechas fundadas de delitos sexuales contra menores.
Pero, ¿qué implica realmente esta figura? Los agentes encubiertos —también conocidos como agentes reveladores— son funcionarios de policía que se hacen pasar por usuarios comunes en internet, infiltrándose en grupos y redes donde presuntamente se llevan a cabo actividades delictivas. Esta estrategia les permite acceder a conversaciones, intercambio de material y comportamientos que de otro modo escaparían a las investigaciones tradicionales.
La propuesta no es solo un concepto teórico: tanto la Policía de Investigaciones (PDI) como el Ministerio Público han respaldado la iniciativa, argumentando que esta herramienta ayudaría a obtener pruebas sólidas para llevar ante los tribunales a quienes operan en espacios cerrados, efímeros y crípticos de la web.
Entre la urgencia y las lagunas legales
El debate se desarrolla en un contexto de creciente preocupación sobre cómo la tecnología ha transformado los delitos sexuales, especialmente aquellos perpetrados o facilitados en línea. A diferencia de las organizaciones criminales tradicionales, estas redes se caracterizan por ser estructuras fluidas: grupos que surgen y desaparecen en cuestión de minutos u horas, utilizando perfiles falsos y múltiples plataformas, lo que dificulta la identificación de sus miembros y la obtención de pruebas con métodos convencionales.
En este contexto, el proyecto estipula que la acción del agente encubierto siempre deberá contar con la autorización judicial previa, un aspecto clave para equilibrar la eficacia de la medida con las garantías de respeto a derechos y libertades individuales.
Lo que se avecina: un segundo trámite y potencialmente más voces en el debate
La aprobación inicial es solo el primer paso del proceso legislativo. La iniciativa continuará su camino en comisión y eventualmente en el pleno del Senado, donde será examinada en detalle antes de convertirse en ley. En esta etapa, es probable que surjan debates sobre límites, controles y salvaguardias en el trabajo de los agentes encubiertos, así como sobre la protección de datos y la privacidad de los usuarios.
Más allá de las consideraciones legales, esta medida suscita un debate más amplio sobre cómo el Estado chileno se adapta a las nuevas formas de delito en la era digital y cómo equilibrar la protección de los más vulnerables con la defensa de derechos fundamentales en el entorno virtual.
El artículo original fue publicado en Revista Seguridad & Defensa.
Con Información de revistaseguridad.cl