El 28 de enero de 2026, la Cámara aprobó la nueva Ley de Inteligencia, después de un extenso proceso legislativo, dejándola lista para su promulgación. Este evento es significativo ya que redefine la gobernanza, los controles y las capacidades del sistema de inteligencia del Estado.
El despacho marca el cierre de un ciclo legislativo largo y políticamente delicado: la inteligencia estatal en Chile había estado operando con un diseño que se consideraba insuficiente para hacer frente a amenazas híbridas, como el crimen organizado transnacional, el cibercrimen, la protección de infraestructura crítica, la violencia político-territorial y el espionaje económico. Este cambio no se limita a otorgar “más atribuciones”; se centra, en mayor medida, en la creación de una arquitectura de coordinación, estándares y un control civil efectivo. Estratégicamente, esta moderna ley de inteligencia busca lograr dos objetivos simultáneos y complementarios: por un lado, potenciar la anticipación a través de la alerta temprana y el análisis estratégico, y por otro, reducir la arbitrariedad mediante la trazabilidad, los controles y las barreras contra usos indebidos. En un contexto internacional altamente fragmentado, la inteligencia se convierte en una “infraestructura” esencial para la toma de decisiones: sin un sistema sólido, el Estado tiende a reaccionar de forma tardía; sin controles, pierde legitimidad y genera vulnerabilidades políticas.
Para Chile, el valor práctico de esta ley se manifiesta en al menos tres aspectos: la coordinación interagencial (para evitar duplicaciones de capacidades y cerrar “zonas grises”), la seguridad económica (protegiendo cadenas logísticas, puertos, energía y sectores estratégicos), y la cooperación internacional (facilitando el intercambio con socios bajo normas claras). En un contexto regional, un sistema de inteligencia más funcional aumenta la credibilidad ante contrapartes y mejora la gestión de riesgos compartidos, como el tráfico ilícito, la frontera norte y las amenazas marítimas.
El siguiente paso será la promulgación y, especialmente, la implementación (que incluye reglamentos, dotación, formación, presupuestos y mecanismos de control). El principal riesgo radica en que la ejecución pueda desembocar en burocracia sin capacidad analítica real, o que el impulso operativo no venga acompañado de controles efectivos. Los escenarios posibles son: una implementación gradual que logre mejoras medibles en la inteligencia estratégica, o una implementación “nominal” que resulte en cambios limitados en el desempeño.
Con Información de elradar.cl