«La situación en los centros penitenciarios tiene un impacto significativo en la seguridad pública» | Diario y Radio Universidad Chile.

La seguridad es una preocupación central para la ciudadanía y figura como uno de los ejes fundamentales del programa del presidente electo, José Antonio Kast. En este contexto, es crucial analizar lo que sucede en el sistema penitenciario: ¿quiénes son encarcelados? ¿cuál es la razón detrás de su encarcelamiento? ¿Qué impacto tiene esta situación? Recientemente, el debate ha surgido en torno a la mega cárcel de Bukele, coincidiendo con la visita de Kast.

“Es fundamental que tomemos conciencia en Chile de que la seguridad pública está íntimamente relacionada con lo que ocurre en nuestras cárceles”, señaló el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, en una conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. El experto evaluó la situación actual en las prisiones, indicando que, en su opinión, no están cumpliendo su función principal de custodiar, incapacitar y reintegrar socialmente a los reos.

“Antes se pensaba que las cárceles eran efectivas en incapacitar, pero necesitamos analizar lo que sucede en su interior. Actualmente, son permeables; muchos delitos se cometen desde dentro gracias al acceso a teléfonos móviles, drogas y otros artículos”, agregó Johnson.

Además, pasar tiempo en prisión no garantiza que una persona deje de delinquir. “El 51% de quienes cumplen condena reinciden antes de tres años, una cifra alarmante. Por lo tanto, las cárceles no están incapacitando, ya que no previenen delitos desde su interior. Tampoco están reinsertando, pues los convictos vuelven a cometer delitos al salir”, explicó el director de la fundación.

Johnson también calificó como “preocupantes” las fugas que han ocurrido en diversas cárceles, mencionando el caso de la cárcel de Valparaíso. “La labor de custodia está siendo vulnerada, lo que implica un incumplimiento de las funciones básicas de Gendarmería”, afirmó.

Finalmente, enfatizó que un elemento clave en la crisis es Gendarmería, destacando los casos de corrupción que afectan su capacidad operativa: reintegración, custodia y incapacitación.

Reforma a Gendarmería

El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana destacó que, aunque es complicado evaluar la efectividad de políticas de seguridad a corto plazo, existen desafíos a enfrentar en la política penitenciaria de esta administración a más de un mes del cambio de mando.

Primero, destacó el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, aunque puntualizó en dos aspectos. “El desarrollo de nuevas cárceles tomará tiempo, así que no podremos solucionar el problema de hacinamiento de inmediato”, señaló.

“En segundo lugar, es necesario implementar medidas inmediatas para revisar qué personas están realmente siendo encarceladas. Chile, a pesar de la percepción de la ciudadanía, tiene una alta tasa de encarcelamiento. Estamos entre los países con los índices más altos dentro de la OCDE, y a nivel mundial, dentro del tercio superior”, criticó el experto.

Por lo tanto, para Johnson, es vital “entender las causas subyacentes y explorar medidas alternativas a la privación de libertad. No podemos seguir aumentando las tasas de encarcelamiento como lo hemos hecho hasta ahora.”

Johnson señaló que el hacinamiento carcelario no es un problema nuevo en Chile. “Este se ha incrementado a lo largo de los años debido a las dinámicas delictivas actuales, y al creciente número de extranjeros en prisión preventiva, quienes corren un mayor riesgo de huir. Esto está presionando el sistema carcelario junto a otras razones, como el endurecimiento de las penas”, describió.

Otras acciones del Gobierno que mencionó el experto se relacionan directamente con Gendarmería: la reforma que busca reclasificar la institución como parte de la seguridad pública y el cambio legal para que dependa del Ministerio de Seguridad Pública. “Creemos que estas medidas son adecuadas”, indicó Johnson.

“Es importante que la reforma a Gendarmería no se interprete como un proceso aislado. Necesitamos iniciar una revisión profunda de las condiciones de ingreso, los procesos de postulación, la formación inicial, el control de conductas inapropiadas, la carrera funcionaria y su situación previsional”, añadió el experto.

Para Johnson, es esencial revisar diversos aspectos dentro de Gendarmería para mejorar su desempeño, ya que “no cumple con las tres funciones clásicas. No asegura la custodia, pues hay fugas y delitos desde el interior; no logra la reinserción, ya que muchos reinciden; y tampoco protege adecuadamente, dado que se producen muertes evitables en las cárceles bajo condiciones críticas de hacinamiento”.

La Megacárcel de Bukele

El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana destacó la “dicotomía” en cómo la sociedad percibe el efecto de las cárceles. “El endurecimiento de penas no reduce la cantidad de delitos. Esto está comprobado”, afirmó.

Este endurecimiento debe ir acompañado de “una mayor capacidad del sistema de captura”, subrayó el experto, destacando las disfunciones en el sistema penitenciario. “La percepción de que la cárcel podría ser una solución no se materializa, así que necesitamos buscar evidencias en otros ámbitos más allá de la penalidad para mejorar la seguridad”, reflexionó Johnson.

El presidente electo José Antonio Kast visitó varios países y se reunió con líderes, abordando la seguridad como un tema primordial. Uno de estos encuentros fue con Nayib Bukele en El Salvador, donde exploró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), reconocido como la mega cárcel de Bukele, que es uno de los centros penitenciarios más grandes del mundo, con capacidad para aproximadamente 40,000 reclusos. Hasta la fecha, se reportan 470 muertes, de las cuales el 94% no serían “pandilleros”, según datos de Socorro Jurídico Humanitario.

“La situación en Bukele podría justificarse ante una crisis de inseguridad extrema como la que experimentaban en ese momento, ya que tenían tasas de homicidios de alrededor de 70 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, Chile no enfrenta esta situación drástica”, comentó el experto.

Johnson añadió que “Chile no presenta tasas de criminalidad tan elevadas comparadas con otros países latinoamericanos. Aunque hemos experimentado un aumento en los homicidios, no justifican medidas tan extremadas, considerando los costos que estas conllevan”.

El directivo subrayó que “hay que preguntarse si la sociedad chilena está dispuesta a asumir esos costos, como el desprestigio del sistema judicial que resulta de procesos acelerados. Cuando se condena a un gran número de personas en poco tiempo, no se dispone de suficientes jueces, lo que compromete la profundidad del análisis de cada caso, generando injusticias, lo que representa un costo para el país”.

“En Chile, no tenemos una situación de inseguridad que justifique medidas tan drásticas. Por eso, es esencial mirar hacia otras experiencias exitosas, como las de Italia en la desarticulación de organizaciones criminales o los enfoques aplicados en Suecia y Escocia”, concluyó Daniel Johnson.