Tras superar la aprobación de su reforma económica en el Congreso, el Gobierno enfocó su agenda política en la seguridad pública como prioridad central. El Presidente José Antonio Kast presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un conjunto de más de treinta iniciativas legislativas diseñadas para ampliar las capacidades del Estado frente a organizaciones criminales, narcotráfico y terrorismo mediante reformas legales, constitucionales e institucionales.
El eje principal de la propuesta es una reforma constitucional que reconozca la seguridad pública como un deber esencial del Estado, proporcionando un marco jurídico para respaldar futuras políticas de persecución penal y control del orden público. El Ejecutivo también busca crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública destinado a responder a situaciones de grave alteración del orden originadas por organizaciones criminales, diferenciándose de los estados de excepción actualmente considerados en la Constitución.
La agenda incluye el endurecimiento de herramientas investigativas y penales. Entre las medidas destacan la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas; la tipificación con penas agravadas para integrantes de organizaciones criminales; la implementación de un régimen penitenciario especial para impedir que líderes del narcotráfico operen desde las cárceles; y el fortalecimiento del decomiso de bienes ilícitos mediante una nueva institucionalidad encargada de administrar, liquidar y destruir activos vinculados al crimen organizado.
El Gobierno propone asimismo reforzar las capacidades operativas de instituciones de seguridad. La iniciativa contempla mayores atribuciones para Carabineros y la Policía de Investigaciones en zonas fronterizas, modernización de la PDI, creación de una Nómina Nacional de Organizaciones Criminales, ampliación del uso de identificación genética en investigaciones y fortalecimiento del control fronterizo mediante vigilancia tecnológica, drones, biometría y sistemas permanentes de monitoreo. Estas acciones se complementan con el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, que contempla fuerzas de tarea especializadas contra secuestros, narcotráfico, lavado de activos y violencia rural organizada.
Durante la presentación, el Ejecutivo indicó que las medidas buscan consolidar una estrategia basada en cuatro pilares: perseguir, capturar, juzgar y condenar a las organizaciones criminales, además de recuperar el control territorial estatal en sectores considerados críticos. El Presidente instruyó al Ministerio de Seguridad Pública a priorizar la tramitación legislativa de la ACOT con el objetivo de obtener aprobación de la mayor parte de las iniciativas antes de finalizar el año.
La ACOT representa el mayor paquete legislativo en materia de seguridad impulsado por la actual administración, marcando una transición desde reformas económicas hacia una agenda enfocada en fortalecer las capacidades coercitivas del Estado. La combinación de reformas constitucionales, nuevas facultades policiales, modificaciones al sistema penitenciario y mecanismos para afectar estructuras financieras del crimen organizado configura una estrategia de presión simultánea sobre las redes criminales.
No obstante, el éxito de la iniciativa dependerá de su tramitación parlamentaria y del equilibrio logrado entre mayores atribuciones para el Estado, controles institucionales y resguardo de garantías constitucionales. Diversas propuestas —como el nuevo Estado de Excepción, los regímenes penitenciarios diferenciados y la ampliación de facultades policiales— probablemente concentrarán el debate jurídico y político durante los próximos meses, convirtiéndose en uno de los principales ejes de la agenda legislativa en seguridad.
Con Información de elradar.cl
