La Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, así como en domicilios ubicados en Santiago y San Bernardo el 24 de agosto de 2026. La investigación se originó a partir de una indagatoria contra una organización narcotraficante de San Bernardo, y se enfoca en los delitos de cohecho y revelación de secretos. Según lo investigado, un funcionario del tribunal habría divulgado diligencias antes de su ejecución, informado sobre medidas intrusivas y recibido dinero a cambio de esta información.
La banda delictiva que estaba siendo investigada recibía alertas anticipadas respecto a órdenes de entrada, registro y medidas de carácter intrusivo, lo que permitía a los delincuentes adelantarse a las autoridades y frustrar operativos de captura.
El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal Alejandra Vargas en este caso, imputará al funcionario administrativo por los delitos de cohecho, revelación de secreto funcionario y revelación de secretos conforme a la Ley 20.000 sobre drogas.
Como consecuencia de estos hechos, el Poder Judicial anunció una auditoría interna para revisar los protocolos de acceso a los sistemas de información e identificar qué otros antecedentes clasificados pudieron haber sido comercializados.
El caso pone de manifiesto que las organizaciones criminales cuentan con recursos económicos suficientes para corromper funcionarios judiciales. El detenido trabajaba bajo la modalidad de teletrabajo, situación que evidencia una deficiencia en el control digital y la supervisión presencial de quienes manipulan bases de datos sensibles desde espacios externos a los tribunales.
Este suceso renueva el debate sobre la necesidad de implementar reformas estructurales y auditorías rigurosas para proteger las instituciones de justicia frente a la infiltración del narcotráfico, amenaza que pone en riesgo la credibilidad de las sentencias en Chile.
Con Información de revistaseguridad.cl
