Chile se enfrenta a una paradoja cada vez más difícil de explicar: mientras la delincuencia se adapta, se organiza y emplea tecnología para operar, el Estado sigue atrapado en procedimientos, competencias fragmentadas y regulaciones que dificultan una respuesta oportuna.
Los asaltos, los robos, los portonazos y los hechos de violencia forman parte de una realidad instalada en la vida cotidiana. Detrás de cada noticia hay una víctima, una familia afectada o un comerciante que ve cómo su seguridad se deteriora sin encontrar respuestas suficientemente eficaces.
Pero existe otra forma de inseguridad, menos visible y profundamente enraizada: la que surge cuando las instituciones no logran coordinarse, cuando la tecnología disponible no puede utilizarse oportunamente o cuando los procedimientos administrativos terminan imponiéndose sobre la necesidad de proteger a las personas.
Un número único que nunca llega
Chile continúa sin contar con un número único nacional que permita canalizar, mediante una central coordinada, las distintas emergencias de seguridad, salud, incendios y rescate.
En la práctica, el ciudadano debe decidir a qué institución llamar. Si se trata de un asalto, a Carabineros; si hay un incendio, a Bomberos; si existe una emergencia médica, al SAMU. Pero las emergencias reales no siempre respetan esas categorías.
Un accidente puede involucrar heridos, un incendio y riesgos para terceros. Un hecho delictual puede requerir la intervención simultánea de Carabineros, ambulancias y Bomberos. La pregunta es inevitable: ¿por qué el ciudadano debe convertirse en el coordinador de la emergencia?
La existencia de números distintos no es, por sí sola, una explicación suficiente de las deficiencias del sistema. El problema está en la falta de una arquitectura nacional de atención y despacho que permita recibir, clasificar y derivar las llamadas de manera integrada.
Durante años se han discutido proyectos, modernizaciones y soluciones tecnológicas. Sin embargo, el resultado que importa para quien enfrenta una emergencia sigue siendo el mismo: saber a quién llamar, conseguir respuesta y recibir ayuda a tiempo.
La burocracia, cuando se transforma en una sucesión interminable de estudios, mesas de trabajo y decisiones pendientes, deja de ser una herramienta de administración y comienza a convertirse en un obstáculo.
Las cámaras que ven, pero no siempre pueden ayudar
En distintas ciudades del mundo, las cámaras de seguridad instaladas en calles, avenidas y espacios públicos forman parte de sistemas de vigilancia y respuesta que permiten compartir información entre centros de monitoreo y organismos de emergencia, bajo reglas de acceso y protección de datos.
Chile también cuenta con miles de cámaras municipales, comerciales y privadas. Muchas de ellas registran diariamente hechos que podrían aportar antecedentes para prevenir delitos, identificar vehículos, reconstruir desplazamientos o apoyar investigaciones. Sin embargo, la existencia de cámaras no significa que exista un sistema integrado.
En numerosos casos, las imágenes permanecen en plataformas separadas, bajo administración de distintas instituciones o empresas. La información puede no estar disponible en tiempo real para quien necesita utilizarla, y su acceso posterior puede requerir solicitudes, autorizaciones o procedimientos que consumen tiempo.
El desafío no consiste en conectar indiscriminadamente todas las cámaras del país. Se trata de establecer un sistema moderno, seguro y regulado que permita compartir información relevante cuando exista una emergencia o una investigación legítima.
La delincuencia no espera los permisos
El delincuente no necesita convocar una mesa interinstitucional para actuar. No necesita esperar la aprobación de un convenio, la renovación de un contrato o la coordinación de tres organismos para desplazarse de una comuna a otra.
La delincuencia se adapta con rapidez. Utiliza comunicaciones, vehículos, información y redes de colaboración. En cambio, el Estado puede tardar meses o años en resolver mecanismos de coordinación que deberían formar parte de una política permanente de seguridad. Esa diferencia de velocidad tiene consecuencias concretas.
La seguridad necesita decisiones
Chile no necesita solamente más tecnología. Necesita una decisión política y administrativa de construir un sistema de seguridad verdaderamente integrado.
Eso implica avanzar en una atención nacional de emergencias, con protocolos comunes y capacidad de despacho coordinado; establecer mecanismos de interoperabilidad para los sistemas de videovigilancia que apunten a espacios públicos; definir reglas de acceso a imágenes que sean claras, auditables y compatibles con la protección de datos; y reducir los trámites que no agregan valor a la respuesta operativa.
También implica evaluar qué regulaciones funcionan, cuáles generan obstáculos innecesarios y cómo corregirlas sin debilitar los controles democráticos.
La seguridad como disputa ideológica
Existe, sin embargo, un riesgo todavía más profundo. Las decisiones de seguridad pública pueden terminar sometidas a consideraciones que pertenecen más al terreno de la disputa política o ideológica que al análisis estrictamente técnico de la seguridad.
Esto no significa que la seguridad deba quedar fuera del debate democrático. Todo lo contrario: las políticas de seguridad deben estar sujetas a la ley, al control institucional, al debate público y a la protección de los derechos fundamentales.
Pero una cosa es discutir democráticamente una política de seguridad y otra es permitir que prejuicios políticos o posiciones ideológicas determinen de antemano qué herramientas pueden utilizarse, independientemente de su evidencia, eficacia o capacidad de ser sometidas a controles.
Cuando decisiones estrictamente relacionadas con la seguridad quedan atrapadas en disputas políticas, el costo no lo pagan los partidos. Lo paga la ciudadanía. Lo paga la víctima que necesita una respuesta. Lo paga el comerciante que vuelve a abrir su local después de un robo. Lo paga el municipio que intenta implementar tecnología y encuentra barreras institucionales. Lo paga la policía cuando recibe información tarde.
El peligro es que el país termine convertido en rehén de sus propias disputas, mientras el fenómeno delictual continúa evolucionando independientemente de ellas.
Con Información de revistaseguridad.cl
