El Gobierno del presidente José Antonio Kast está evaluando retirar del Senado chileno su cuestionada reforma constitucional de seguridad, ante la falta de respaldo político tanto en la oposición como dentro de sectores del oficialismo.
La propuesta fue presentada a fines de agosto como la pieza central de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y buscaba crear un inédito “Estado de Excepción de Seguridad Pública”. Esta figura permitiría al Presidente de la República decretar la medida por un plazo de hasta 240 días sin autorización previa del Congreso, habilitando la restricción de libertades como la de reunión y locomoción, además de la interceptación de comunicaciones privadas.
El proyecto generó de inmediato críticas transversales. Mientras sectores del Frente Amplio y del socialismo lo describieron como una estrategia de “control a la población” con tintes totalitarios, los cuestionamientos también llegaron desde las filas oficialistas. Parlamentarios de colectividades aliadas como Renovación Nacional (RN) y la UDI expresaron profundos reparos por la concentración de atribuciones en la figura presidencial y la marginación del Poder Legislativo. La propia presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), advirtió tempranamente que la iniciativa no contaba con el respaldo suficiente para aprobarse, ni siquiera dentro del oficialismo.
Frente al escenario de un posible fracaso en la Cámara Alta, el Comité de Seguridad de La Moneda —encabezado por el Mandatario y sus ministros de Interior, Seguridad, Justicia y Defensa— activó intensas negociaciones internas. Fuentes que conocen los pasillos del palacio gubernamental señalan que ministros políticos clave, como José García (RN) en la Segpres y Fernando Rabat en Justicia, iniciaron contactos discretos con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), en busca de una salida alternativa.
Aunque el lunes trascendió que el Ejecutivo ya estaba dispuesto a sepultar la iniciativa para dar paso a un texto de consenso, el despliegue comunicacional de La Moneda se ha mantenido en una tensa cautela. Ministros del comité político han salido a matizar los rumores de una retirada definitiva, buscando instalar la idea de que “avanzar en leyes útiles no es una derrota” y que el foco principal está puesto en destrabar otros proyectos prioritarios de la agenda de seguridad. No obstante, senadores de oposición insisten en que el retiro formal debe concretarse esta misma semana como garantía para sentarse a diseñar un nuevo marco técnico.
El Gobierno busca amortiguar el impacto político con la apertura de mesas transversales de diálogo, en un escenario adverso en el Congreso donde no calculó la resistencia que su propuesta ancla provocaría dentro de su propia coalición. Las próximas horas serán decisivas para definir si el Presidente oficializa el retiro del proyecto en el Senado o si intenta un último rediseño de plazos y atribuciones antes de que la votación liquide definitivamente su reforma estrella.
Estas son las claves de la discusión legislativa:
Apertura a un texto de consenso: Ministros del comité político confirmaron que están a la espera de una nueva propuesta redactada en conjunto por senadores oficialistas y de oposición —como Andrés Longton, Arturo Squella y Pedro Araya— para destrabar la agenda de seguridad.
Postura del Ejecutivo: El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, descartó que bajar el proyecto inicial signifique una “derrota” o un fracaso político, y señaló que la prioridad es conseguir mejores herramientas contra el crimen organizado.
Críticas al proyecto original: La mega reforma inicial contemplaba la facultad de decretar un nuevo estado de excepción de 120 días renovable sin permiso del Congreso, lo que la oposición calificó como atribuciones excesivas de carácter presidencialista.
Reunión clave: Para destrabar la controversia, el presidente Kast sostendrá una reunión el próximo miércoles a primera hora en Cerro Castillo con los presidentes de las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado.
Por lo pronto, el Ejecutivo ya retiró la urgencia legislativa de la mega reforma para concentrar el impulso inmediato en 21 iniciativas específicas, tales como las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y el incentivo a la carrera de Carabineros.
Con Información de revistaseguridad.cl
