Un intento de robo mediante la modalidad del «falso alcalde» afectó a la Municipalidad de San Ramón, después de que un sujeto se hiciera pasar por el jefe comunal, Gustavo Toro, y ordenara a los guardias retirar una caja fuerte, utilizando para engañarlos la foto de perfil de WhatsApp del edil.
El alcalde denunció graves irregularidades, entre ellas el ocultamiento de las cámaras de seguridad, daños en las puertas durante el intento por mover la caja fuerte —operación que solo se frustró por el peso de la estructura— y la ausencia de cualquier verificación de la llamada.
La municipalidad desvinculó de forma inmediata a la empresa de seguridad, Comercializadora e Importadora Fernando Pacheco Araya SPA, y el caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer los hechos.
Los puntos específicos que despertaron las sospechas del alcalde Gustavo Toro incluyen:
Ocultamiento intencional de cámaras: el jefe comunal denunció que, mientras recibían las supuestas instrucciones del falso alcalde, los guardias se dedicaron a tapar y ocultar las cámaras de seguridad de gran parte de las oficinas de Tesorería.
Uso excesivo de la fuerza: los funcionarios rompieron las puertas de acceso a la oficina de finanzas para llegar a la caja fuerte, lo que evidencia que no emplearon vías ni protocolos normales de acceso, sino que procedieron con un actuar destructivo.
Falta absoluta de validación: no existió ningún protocolo mínimo de verificación de la llamada telefónica, ni se contactó a las jefaturas directas o a Carabineros antes de proceder a vulnerar las dependencias municipales.
Posibles sanciones para la empresa de seguridad
Pérdida de la Autorización de Funcionamiento: la prefectura de Control de Armas y Seguridad Privada de Carabineros de Chile (OS10) puede revocar de forma permanente los permisos de operación de la empresa si constata fallas graves en sus protocolos o la contratación de personal no idóneo.
Multas económicas: la firma se expone a severas multas contempladas en la normativa de seguridad privada, debido a la falta de supervisión y control sobre el comportamiento de sus guardias en terreno.
Efecto en la industria de la seguridad privada
Al margen de la empresa directamente implicada en el caso de San Ramón, un incidente de este tipo genera repercusiones reputacionales para las compañías de seguridad privada que operan de forma correcta, lo que podría derivar en la implementación de cambios urgentes como los siguientes:
Protocolos de doble verificación obligatoria: prohibición estricta de ejecutar órdenes críticas (mover valores, romper accesos) basadas únicamente en llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, exigiendo confirmaciones presenciales o mediante canales corporativos encriptados.
Auditorías de redundancia de cámaras: restricción del acceso físico de los guardias a los sistemas de grabación o implementación de alertas automáticas cuando una cámara de seguridad sea tapada o desconectada.
Con Información de revistaseguridad.cl
