Por: José Díaz Gallardo, historiador.
La firma del Escudo de las Américas por parte del gobierno de Chile ha querido presentarse como la adhesión al documento de una cumbre antidrogas. Sin embargo, la «Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica», suscrita este 22 de septiembre por 15 países de la región, aborda también cuestiones económicas, de seguridad nacional y estratégicas, y estos últimos elementos evidenciarían las verdaderas intenciones que llevaron a las autoridades de la Casa Blanca a impulsar la propuesta.
El concepto de «soberanía hemisférica» entrega pistas sobre lo que se busca con este acuerdo propiciado por Washington. La iniciativa eleva el grave problema criminal que vive la región a la categoría de amenaza estratégica, al asociar el crimen organizado, el «narcoterrorismo» y la inmigración irregular con un elemento tan esencial para los estados nacionales como su soberanía. Por ello se incluyen diversos aspectos de seguridad nacional, económicos y estratégicos reivindicados por los países de la región.
Uno de los tres pilares de la Declaración corresponde a la defensa de las economías. Su primer punto es la exploración de mecanismos de control de inversiones; el segundo, la protección de las cadenas de suministros de minerales críticos; y el tercero, lo que se denomina «proveedores confiables de infraestructura digital». Con todo esto se busca la soberanía económica, que se defiende «con éxito cuando el capital que ingresa a nuestros países es transparente y verificable». Surge entonces la pregunta sobre el origen de los capitales que preocupan: ¿de la República Popular China (RPCh)?
Los otros dos pilares son la defensa de la gobernanza democrática frente a las redes narcoterroristas y la defensa y promoción del respeto a la soberanía nacional de los países firmantes. Para implementar estos tres puntos, los estados fortalecerán la cooperación en inteligencia, en «materia de inversiones y economía», y la consulta y coordinación en foros regionales y multilaterales. La primera acción conjunta se centrará en las 24 organizaciones enumeradas en el documento.
Para viabilizar estos objetivos se plantea solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) la creación de un Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que con la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores facilite la acción colectiva. Como han señalado algunos analistas, este es el paso normativo necesario para transformar una coordinación inicialmente de carácter voluntario (marzo de este año) en una de obligaciones jurídicas y carácter colectivo para todos los miembros firmantes.
Un primer análisis deja claro que la arquitectura de cooperación planteada en el texto aumentaría en la práctica la dependencia de los países adheridos respecto de Estados Unidos en los planos de la inteligencia, la coordinación operativa y la cooperación militar. Ante la clásica disyuntiva entre seguridad y soberanía, los gobiernos latinoamericanos firmantes parecen haber cedido frente al gobierno de Donald Trump. El problema es que el denominado primer pilar expondría a los países a la esperable y obvia reacción económico-comercial de la RPCh.
La Declaración describe el crimen organizado ya no solo como un delito, sino como un problema de seguridad nacional y continental, y declara «terroristas» a las organizaciones enumeradas en el texto y sus acciones, lo que abre la posibilidad de respuestas de tipo militar. Como han señalado análisis castrenses (CEEAG, marzo de 2026), el Escudo de las Américas podría evolucionar hacia un mecanismo de asistencia militar directa entre sus miembros, incluso en apoyo operativo contra infraestructuras criminales.
En términos operativos, entre los países que no firmaron se encuentran las naciones más grandes y complicadas, México y Brasil, así como Venezuela y Haití, que también contribuyen de forma relevante a la lista de «narcoterroristas»: 14 de los 24 grupos identificados como tales. México aporta ocho (Carteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Los Viagras y Cartel de Juárez); Brasil, dos (Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital); Venezuela, dos (Tren de Aragua y Cartel de los Soles); y Haití, dos (Gran Grif y Viv Ansanm). Queda abierta la pregunta sobre la fortaleza de un acuerdo en el que no participan varios de los países que son el origen de más de la mitad de los grupos a perseguir.
Finalmente, y volviendo al sentido estratégico de la iniciativa, investigaciones periodísticas (La Tercera, 27.09) informan que solo la Cancillería chilena habría pedido modificaciones al texto de la Declaración, por lo que cabe concluir que el detalle de los contenidos fue elaborado en exclusiva por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos. De esta manera, las sospechas que recaen sobre lo que se postula en el primer pilar resultan bastante evidentes y corresponden a la disputa geopolítica global entre EE.UU. y la RPCh.
Con Información de elradar.cl
