Tras el retiro del proyecto original de reforma constitucional en materia de seguridad, que buscaba instaurar un “Estado de Seguridad Pública”, los senadores del oficialismo han elaborado una nueva iniciativa que no contempla la creación de un nuevo estado de excepción, sino que modifica el Estado de Emergencia vigente para permitir su uso preventivo frente a amenazas de gravedad.
Según lo declarado por los legisladores el 4 de octubre de 2026 y a informes de prensa difundidos el 5 de octubre del mismo año, la nueva estrategia se organiza en torno a los siguientes puntos:
En cuanto a la invocación preventiva, a diferencia del régimen vigente, que se activa únicamente ante hechos consumados de alteración del orden público, el Presidente de la República quedaría facultado para decretar el estado especial cuando exista una “amenaza grave a la Seguridad Pública” respaldada por informes de las policías, las fiscalías o el Sistema de Inteligencia. Un ejemplo sería el riesgo inminente de que una banda narco tome el control de un territorio.
En materia de control del Congreso, como contrapartida al carácter preventivo de la medida, los parlamentarios obtendrían la atribución de revocar el estado de excepción mediante una mayoría simple y en cualquier momento. Bajo las reglas actuales, los legisladores solo pueden manifestar su rechazo cuando se someten a su consideración las solicitudes de renovación mensual del estado.
Respecto de los límites a las medidas, el senador de la UDI Juan Antonio Squella precisó que el proyecto conserva intacta la restricción a libertades personales como la locomoción y la reunión, aunque descarta de manera explícita herramientas como la interceptación de comunicaciones.
En cuanto a los ejes complementarios, el diseño legislativo mantiene dos focos esenciales de la agenda de seguridad: el reconocimiento constitucional del crimen organizado y el establecimiento de una segregación penitenciaria conforme al nivel de peligrosidad de los internos.
La propuesta incorpora, además, ajustes vinculados al tratamiento constitucional del crimen organizado y al sistema penitenciario, con el objetivo de establecer mecanismos diferenciados para quienes representan distintos niveles de peligrosidad.
Con Información de revistaseguridad.cl
