Este miércoles, un grupo transversal de senadores presentó en el Congreso la nueva reforma constitucional en seguridad, después de que el Gobierno no lograra conseguir los respaldos necesarios para su proyecto original.
El martes, los ministros de Seguridad, Justicia y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), junto al biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, se reunieron con los senadores de la Comisión de Constitución Arturo Squella (Partido Republicano), Andrés Longton (Renovación Nacional) y Pedro Araya (PPD), además de los senadores opositores Iván Flores (Democracia Cristiana) y Karim Bianchi (independiente), quienes se sumaron recientemente a las negociaciones del proyecto.
Tras la cita, el Ejecutivo dio visto bueno a la iniciativa parlamentaria y anunció que retirará su reforma constitucional, tal como lo había comprometido.
Este miércoles, el biministro Alvarado se mostró conforme con el acuerdo alcanzado en el Senado y resaltó que fue él mismo quien se reunió con el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, para encontrar “otros mecanismos”. El secretario de Estado descartó que la reforma constitucional original fuera una “iniciativa fallida”.
“Fallida sería en la medida de que no existiera una opción alternativa y hoy día esa opción alternativa existe (…) Producto de lo que nosotros ingresamos se generó un debate público, intenso, adverso para la propuesta del Gobierno, pero se generó la conversación, se abrió un espacio, se abrió una puerta a través de la Comisión de Constitución y la cerramos ayer con ese acuerdo que iniciamos acá en La Moneda”, indicó.
La nueva reforma constitucional en seguridad mantiene dos ejes del proyecto original del Gobierno: la condena al crimen organizado en la Constitución, para que tenga un estatus similar al terrorismo, y la habilitación a Gendarmería para que establezca regímenes penitenciarios diferenciados.
Los senadores descartaron la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. En su reemplazo, proponen modificar el estado de emergencia para que pueda ser invocado de manera preventiva ante un peligro “inminente” al orden público y la seguridad.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, sostuvo que se está reforzando y potenciando el estado de emergencia, “estableciendo que todo tipo de amenaza actual o inminente que pueda haber respecto a algún problema de seguridad, orden público, particularmente relacionado con el crimen organizado o el narcotráfico, habilite al Presidente de la República para poder dictarlo”.
Además, explicó: “Incorporamos que el Presidente pueda dictar este estado de emergencia por 30 días, posterior a los 30 días tiene que pasar por el Congreso y durante el transcurso de esos 30 días, en una atribución adicional, el Congreso puede dejarlo sin efecto en cualquier momento”.
Durante la presentación del proyecto, los senadores recalcaron su carácter transversal. El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, destacó que se hicieron cargo “de las aprehensiones que legítimamente presentaron muchos parlamentarios al texto original que había presentado el Gobierno, y al mismo tiempo nos hicimos cargo del propósito que buscaba el mismo Gobierno, para dar paso a un ordenamiento, un estatuto en el ámbito de la ley, más propio de los tiempos que corren ahora”.
Por su parte, el senador independiente y presidente de la Comisión de Seguridad, Karim Bianchi, defendió su decisión de sumarse al proyecto y subrayó la necesidad de diálogo y acuerdo en el mundo político para enfrentar al crimen organizado. “Aquí el principal llamado es al diálogo, a la unidad y a la no mezquindad que hoy día tienen algunos al criticar un proyecto sin siquiera revisarlo. Pueden criticar, pueden mirarlo desde afuera o pueden sumarse a lo que hoy día el país está pidiendo. Nosotros no nos juntamos acá porque tengamos afinidades políticas, nos juntamos acá porque entendemos que Chile tiene un problema y que no podemos quedar mirándonos y discutiendo. Esto hay que abordarlo y esta es una herramienta más”, dijo.
Bianchi y Flores aclararon que “no se cruzó el charco”. En tanto, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, remarcó que se trata de un “proyecto nuevo, diferente, acotado, preciso y práctico, en donde cada uno de los autores tenemos domicilio político conocido”.
Asimismo, Flores aseveró: “No hemos cruzado ninguna valla, no hemos cruzado ninguna barrera, cada uno sigue manteniendo su ideología y su postura política. Lo que estamos haciendo aquí es que frente al avance del crimen organizado sin contrapeso, estamos llevando tres condiciones que deben estar en la Constitución Política de la República, para que sea una obligación de Estado, independientemente del gobierno”.
Con Información de radio.uchile.cl
