Chile enfrenta este miércoles un nuevo episodio en su agenda de seguridad: el Gobierno del presidente José Antonio Kast decidió retirar su proyecto original de reforma constitucional en materia de seguridad y respaldar una nueva iniciativa elaborada por senadores de distintos sectores políticos.
El anuncio marca un giro importante en la estrategia legislativa del Ejecutivo. El texto impulsado inicialmente por La Moneda había generado cuestionamientos por las amplias facultades que buscaba entregar al Presidente de la República en situaciones de emergencia, entre ellas un nuevo estado de excepción que podía extenderse por largos períodos y establecer restricciones a determinadas garantías.
Al no reunir el consenso político suficiente, el Ejecutivo optó por una fórmula distinta: dejar que el Senado tome la conducción de una reforma que conserve los objetivos centrales de la política de seguridad, pero con mayores niveles de transversalidad.
La nueva propuesta es patrocinada por los senadores Arturo Squella, Andrés Longton y Pedro Araya, a quienes se sumaron Karim Bianchi e Iván Flores, conformando una alianza parlamentaria que abarca desde el Partido Republicano hasta sectores de oposición.
El texto se estructura sobre tres grandes áreas: crimen organizado, segregación penitenciaria y perfeccionamiento del estado de emergencia.
El primer eje busca elevar el tratamiento del crimen organizado al nivel constitucional. La iniciativa considera a estas organizaciones como una amenaza para la convivencia democrática, los derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado.
Uno de los puntos más relevantes es que el crimen organizado recibiría un tratamiento constitucional similar al del terrorismo en determinadas materias. Entre sus efectos, se busca establecer restricciones para condenados por estos delitos en materia de indultos e inhabilidades para acceder a cargos de elección popular.
La señal política es clara: el Estado pretende dejar de considerar al crimen organizado únicamente como un fenómeno delictual y reconocerlo como una amenaza de carácter estructural para la institucionalidad.
El segundo componente apunta directamente al sistema penitenciario. La reforma busca elevar a rango constitucional las facultades de Gendarmería para establecer una segregación efectiva de la población penal, especialmente respecto de internos vinculados al crimen organizado o considerados de alta peligrosidad.
El objetivo es evitar que líderes criminales sigan ejerciendo influencia sobre otras personas privadas de libertad y conserven capacidad operativa desde los recintos penitenciarios.
La discusión no es menor. En los últimos años, el uso de las cárceles como centros de coordinación de organizaciones criminales se ha convertido en uno de los desafíos más complejos para las autoridades de seguridad, y la propuesta apunta a entregar un respaldo constitucional más sólido a las decisiones de segmentación penitenciaria.
El tercer eje probablemente concentrará el mayor debate político. A diferencia del proyecto original del Ejecutivo, la nueva propuesta no crea un nuevo estado de excepción constitucional, sino que busca perfeccionar el actual estado de emergencia para permitir su uso frente a determinadas amenazas graves contra la seguridad pública.
La fórmula contempla incorporar situaciones vinculadas a una amenaza o peligro grave e inminente, lo que permitiría actuar de manera preventiva y no únicamente después de que se produzca una alteración significativa del orden público.
También se mantendrían los actuales mecanismos de renovación del estado de emergencia, sin incorporar las facultades extraordinarias que generaron mayor controversia en la propuesta original del Gobierno. Por ejemplo, no se contemplaría ampliar las medidas intrusivas sobre las comunicaciones ni establecer las restricciones adicionales a las garantías individuales previstas inicialmente.
Uno de los aspectos más significativos del nuevo escenario es su carácter transversal. La seguridad se ha convertido en uno de los pocos ámbitos en que parlamentarios de sectores tradicionalmente enfrentados intentan construir acuerdos, y esa lógica explica también la decisión del Ejecutivo. El biministro Claudio Alvarado confirmó que La Moneda no perseverará en su proyecto original y respaldará la nueva iniciativa, mientras que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó que el texto aborda las materias que el Gobierno considera prioritarias: combate al crimen organizado, segmentación penitenciaria y perfeccionamiento de los estados de excepción.
Existe, sin embargo, una consideración fundamental: la seguridad no se resuelve únicamente modificando la Constitución.
El propio senador Karim Bianchi ha advertido que una reforma constitucional no constituye una solución absoluta y que el problema requiere gestión, recursos, legislación, inteligencia y capacidad operacional del Estado.
En paralelo, el Congreso continúa trabajando en otras iniciativas vinculadas con seguridad. Entre ellas figura el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza, cuyo informe de comisión mixta quedó en condiciones de ser votado por ambas cámaras, y que establece criterios para el empleo progresivo de la fuerza por parte de policías y Fuerzas Armadas.
También avanza una iniciativa destinada a fortalecer la institucionalidad de seguridad municipal, que incluye reglas para la contratación y evaluación de inspectores municipales, mecanismos de financiamiento y criterios asociados a la vulnerabilidad socio-delictual de las comunas.
En conjunto, la nueva reforma representa un cambio de estrategia: el Gobierno abandona una propuesta considerada demasiado amplia por sus críticos y apuesta ahora por una iniciativa parlamentaria transversal capaz de reunir los votos necesarios para avanzar en el Congreso.
El desafío estará en determinar si ese consenso político puede traducirse después en mayores capacidades operativas para policías, Fuerzas Armadas, Gendarmería, municipios y organismos de inteligencia.
Chile ya no enfrenta únicamente delincuencia tradicional. El avance del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales, el control territorial, la violencia asociada a determinados mercados ilícitos y la capacidad de las bandas para operar desde las cárceles obligan al Estado a desarrollar una respuesta mucho más sofisticada, y la nueva reforma constitucional pretende aportar parte de ese marco.
Pero su verdadero éxito no se medirá por la aprobación de un nuevo texto constitucional, sino en las calles, en los barrios, en las fronteras, en las cárceles y en la capacidad del Estado para anticiparse a organizaciones criminales que han demostrado una capacidad de adaptación considerablemente mayor que la de muchas de las instituciones encargadas de combatirlas.
Chile vuelve a intentar construir una nueva arquitectura de seguridad. Esta vez, el desafío es que la urgencia no termine enfrentada con el consenso, sino que ambos elementos formen parte de una verdadera política de Estado.
Con Información de revistaseguridad.cl
